Redacción SLC
El futuro de la Unión Cívica Radical (UCR) de Tucumán quedó atado a una disputa judicial que suma capítulos y amenaza con extenderse hasta las máximas instancias del país. La intervención dispuesta por el Comité Nacional el 11 de marzo sigue generando controversias internas, y ahora la definición podría pasar a manos de la Cámara Electoral Nacional, luego de que el legislador Agustín Romano Norri apelara el fallo de la jueza federal María Servini.
La magistrada había rechazado la demanda presentada por Romano Norri, quien cuestiona la validez de la intervención que designó como autoridades provisorias a Hernán Abel Rossi y Jorge Raúl Rizzotti. Según el legislador, la medida presenta un “vicio de incompetencia orgánica insubsanable”, ya que -argumenta- el organismo partidario que ordenó la intervención no posee facultades estatutarias para hacerlo y tampoco hubo una ratificación válida por parte del órgano soberano competente.
La disputa judicial ocurre mientras la UCR tucumana atraviesa un profundo reordenamiento político tras las elecciones de medio término, en las que el principal referente del partido, Roberto Sánchez, no logró renovar su banca como cabeza de lista de “Unidos por Tucumán”. La derrota electoral derivó en movimientos internos que dejaron al radicalismo provincial en un escenario de fragmentación.
En paralelo, sectores del radicalismo comenzaron a acercarse a La Libertad Avanza, que si bien quedó 15 puntos por detrás del peronismo en los comicios provinciales, consiguió escaños en la Legislatura. Entre quienes dieron ese salto se encuentra Mariano Campero, compañero de Sánchez en la Cámara baja y ahora integrante del bloque libertario. Tanto Campero como Romano Norri actuaron en conjunto durante la campaña municipal de Alberdi, apoyando al opositor Luis María Díaz Augier, finalmente derrotado por el oficialismo.
El conflicto por la conducción partidaria se mantiene abierto y en tensión. En su fallo, Servini sostuvo que no se observaban irregularidades en la intervención dictada por la Mesa Directiva del Comité Nacional, y que los fundamentos expuestos eran razonables, por lo que desestimó la demanda. No obstante, Romano Norri insiste en que el proceso electoral interno solo fue cuestionado por un pequeño grupo de afiliados y que la resolución partidaria vulnera la Carta Orgánica. Con la apelación presentada, busca que la Cámara Electoral Nacional revise la medida y, si fuese necesario, anticipó que llevará el caso hasta la Corte Suprema.
Mientras se aguarda la resolución de la justicia electoral, la UCR de Tucumán continúa sin definiciones claras y con un liderazgo en disputa, en un momento clave para su reorganización política y su rol dentro de la oposición provincial.
