Redacción SLC
En una audiencia realizada este miércoles 26 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal avanzó en un juicio abreviado contra dos acusados que integraban una estructura delictiva dedicada al robo, ocultamiento, adulteración y posterior venta de motocicletas en distintos puntos de la provincia. La investigación, respaldada por informes técnicos, análisis de telefonía y pericias del ECIF, permitió reconstruir el funcionamiento de una organización que operaba con permanencia y planificación, utilizando redes sociales para simular operaciones legítimas con vehículos adulterados.
Según determinó la Fiscalía, el grupo obtenía motocicletas sustraídas por terceros aún no identificados. Tras ocultarlas y modificar sus características, las comercializaba con documentación falsa, afectando incluso a compradores de buena fe. Dentro de ese esquema, los dos imputados juzgados cumplían roles específicos: uno participaba activamente en la adquisición y reventa de rodados robados, mientras que el otro aportaba datos técnicos de motores y cuadros y colaboraba en ventas fraudulentas. La evidencia reunida —material secuestrado en allanamientos, documentación adulterada, celulares peritados y motocicletas recuperadas— acreditó la existencia de maniobras reiteradas y una clara división de tareas.
La fiscal Carmen Reuter, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, presentó el acuerdo de juicio abreviado, cuya exposición estuvo a cargo del auxiliar de fiscal Nahuel Lencina, encargado de detallar ante el tribunal los hechos y el rol de cada acusado dentro de la organización.
El tribunal condenó a Miguel Rolando Romano a tres años y seis meses de prisión efectiva, al considerarlo coautor del delito de asociación ilícita, además de múltiples hechos de encubrimiento por receptación dolosa en perjuicio de la Administración Pública. En su caso se valoraron agravantes vinculados a la reiteración de hechos y su participación dentro de la estructura, así como atenuantes como la ausencia de antecedentes y su decisión de someterse al proceso abreviado.
Por su parte, Nicolás Maximiliano Barrionuevo recibió una pena de tres años y nueve meses de prisión efectiva por su participación en la asociación ilícita, el encubrimiento de motocicletas robadas y su intervención en maniobras de estafa mediante documentación adulterada. La Fiscalía destacó que el acusado ya contaba con una condena previa, circunstancia tenida en cuenta al momento de fijar la pena.
