Redacción SLC
El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus atribuciones al Ministerio de Salud, en una decisión que se aceleró tras el escándalo generado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo. La medida pone fin al funcionamiento del organismo creado en 2017 como ente descentralizado y concentra la gestión de las políticas de discapacidad bajo la órbita sanitaria que conduce Mario Lugones.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que la ANDIS “tal como la conocemos dejará de existir” y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. En ese marco, aclaró de manera enfática que la decisión no implicará recortes ni eliminación de prestaciones, ni afectará el cobro de pensiones u otros beneficios destinados a personas con discapacidad.
Según explicó Adorni, el cierre de la agencia fue el resultado de un proceso de evaluación iniciado tras la detección de múltiples irregularidades administrativas. El funcionario sostuvo que la autonomía con la que funcionaba la ANDIS derivó, con el paso de los años, en un entramado de burocracia excesiva, descontrol en la gestión y prácticas incompatibles con estándares de transparencia.
Entre las anomalías detectadas, el jefe de Gabinete enumeró casos de personas fallecidas cuyos familiares continuaban percibiendo pensiones, beneficios otorgados sin documentación válida, certificaciones médicas sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios que no prestaban. Como ejemplo, mencionó a la Fundación METAS, que declaraba brindar apoyo escolar, pero cuyas instalaciones se encontraban en condiciones precarias, sin servicios básicos ni infraestructura adecuada.
Adorni aseguró que, con la incorporación de estas competencias al Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad pasarán a administrarse con criterios sanitarios, mayor control y sin discrecionalidades. En ese sentido, remarcó que se garantizará la trazabilidad de los expedientes, se implementarán auditorías permanentes y se reforzarán los mecanismos de supervisión.
La reestructuración también contempla una reducción significativa de la estructura política, con la eliminación de 16 cargos jerárquicos, lo que representa una baja del 45,7% en ese nivel. Finalmente, el funcionario reiteró que la medida no afectará a los beneficiarios del sistema y subrayó que el objetivo central es ordenar la gestión, asegurar la transparencia y preservar todas las prestaciones vigentes.
