Redacción SLC
Esta semana será clave para la creación del Instituto José Gabriel del Rosario Brochero–Benjamín Paz, un pabellón especial que el Gobierno de Tucumán prepara dentro de la penitenciaría ubicada en esa localidad para alojar a menores acusados o condenados por homicidio. La decisión política ya fue tomada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien instruyó a sus colaboradores para avanzar con la documentación legal necesaria que permita poner en funcionamiento la nueva dependencia.
El nuevo instituto, que en principio complementará al Centro de Recepción y Clasificación de Menores Julio Argentino Roca, comenzaría a operar de manera inmediata. Según detalló La Gaceta, la intención del Ejecutivo provincial es que el traslado de menores en conflicto con la ley a la unidad remodelada en el municipio de Trancas, a poco más de 50 kilómetros de la capital tucumana, se inicie en el transcurso de esta misma semana.
La iniciativa provincial se inscribe en un contexto de debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad, impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei como parte de la reforma del Código Penal. Según lo anticipado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el tema será tratado este año en el Congreso y responde al principio de que “el que las hace, las paga”, uno de los ejes del discurso oficial en materia de seguridad.
En Tucumán, la propuesta tomó forma tras el asesinato de Rodrigo Joaquín Ibarra, ocurrido en Alderetes cuando la víctima ingresaba a su vivienda, un hecho en el que estuvieron involucrados menores. Al referirse a ese caso, Jaldo sostuvo que se trata de una discusión de alcance nacional y remarcó que muchos delitos graves son cometidos por menores utilizados por adultos. En ese marco, afirmó que el Gobierno avanzará con un proyecto que endurezca la respuesta del Estado frente a crímenes contra la vida, más allá de las controversias que pueda generar.
El gobernador cuestionó además el esquema actual de alojamiento de menores en conflicto con la ley, al señalar que el envío al Instituto Roca, donde se desarrollan principalmente actividades recreativas, no genera un efecto disuasivo ni una percepción real de condena. Frente a ese diagnóstico, el Ejecutivo provincial impulsa un nuevo modelo de contención y control.
El Instituto Cura Brochero funcionará como un complejo de alojamiento para jóvenes en conflicto con la ley, con el objetivo declarado de promover un cambio de conducta orientado a la reinserción social. Para ello, se conformó un equipo multidisciplinario que trabajará junto a los responsables de acondicionar el pabellón disponible en el predio penitenciario de 130 hectáreas. Según se informó, el funcionamiento del instituto respetará las disposiciones internacionales, nacionales y provinciales en materia de protección de derechos y buscará establecer un régimen especial para este tipo de delitos.
