Redacción SLC
En pleno receso parlamentario, la Legislatura celebró este martes una sesión extraordinaria y otorgó fuerza de ley a los dos decretos de necesidad y urgencia firmados por el gobernador Osvaldo Jaldo, vinculados a la administración del personal estatal y a los procedimientos de contratación del Estado provincial.
La sesión, la primera del año, fue presidida por el vicegobernador Miguel Ángel Acevedo y contó con la participación de 34 legisladores. El debate se extendió durante una hora y media y estuvo marcado por cuestionamientos de un sector de la oposición, aunque el oficialismo logró reunir una amplia mayoría para avalar ambas medidas incluidas en el temario.
En primer término, el cuerpo legislativo trató y ratificó el Decreto Nº 11/3 (MEyP), que establece la prohibición de nuevas designaciones y contrataciones de personal en el Poder Ejecutivo, entes autárquicos y organismos descentralizados. La norma contempla únicamente excepciones debidamente justificadas para asegurar el funcionamiento de áreas esenciales del Estado. Además, habilita la reasignación transitoria de agentes entre dependencias, sin cambios en cargos ni remuneraciones, con el objetivo de optimizar los recursos humanos disponibles.
Estas disposiciones comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2026 y se extenderán por un plazo de dos años, en el marco de la Emergencia Económica y Social vigente hasta 2027.
Posteriormente, la Legislatura avaló el Decreto Nº 1/3 (MEyP), que suspende hasta el 31 de diciembre de 2026 la exigencia del Certificado de Cumplimiento Fiscal como requisito de admisibilidad para la presentación de ofertas en contrataciones de bienes y servicios del Estado provincial. La medida apunta a agilizar los procesos de compras públicas en un contexto de dificultades económicas y a evitar que la exigencia del certificado limite la participación de proveedores.
En los fundamentos del decreto se aclara que esta excepción no implica una condonación de deudas ni afecta la recaudación, ya que el Estado conserva plenamente sus atribuciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las vías administrativas o judiciales correspondientes.
Si bien ambos decretos generaron críticas desde los bloques opositores, el oficialismo impuso su mayoría y logró la ratificación de las dos iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
