Redacción SLC
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán se encamina a definir cómo regirá en la práctica la ordenanza que regula el funcionamiento de Uber, Didi, Cabify y el servicio de taxis dentro de un esquema unificado. La norma, que creó el Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa), atraviesa su etapa final de reglamentación y apunta a ordenar el mercado mediante un cupo de vehículos proporcional a la población y un esquema tributario común para todos los actores.
El marco legal fue aprobado en diciembre pasado por el Concejo Deliberante y estableció derechos y obligaciones tanto para taxistas como para choferes de aplicaciones, incorporando además una regulación específica para el transporte de pasajeros en motocicletas. Desde entonces, distintas áreas municipales dependientes de la Secretaría de Movilidad Urbana trabajan de manera conjunta para definir los requisitos operativos y fiscales que completarán la letra de la ordenanza.
Fuentes municipales confirmaron que el dictamen reglamentario está próximo a finalizarse y sería elevado a la intendenta Rossana Chahla en los próximos días. El Ejecutivo tiene como fecha límite el 9 de febrero para dejar cerrada la reglamentación que permitirá comenzar a aplicar el nuevo sistema.
Uno de los ejes centrales de la normativa es el establecimiento de un cupo máximo de vehículos habilitados. La propuesta oficial toma como referencia una población estimada en 600.000 habitantes y fija una relación de un auto cada 100 vecinos, lo que arrojaría un total de 6.000 unidades entre taxis y vehículos de aplicaciones. Actualmente, los registros municipales contabilizan unos 4.170 taxis en actividad, aunque la superposición de conductores que trabajan tanto en el sistema tradicional como en las plataformas digitales obliga a depurar los datos.
Para ello, el municipio exigirá a las empresas de aplicaciones que presenten sus nóminas de conductores. Con esa información se determinará cuántas licencias nuevas podrán asignarse a las apps y cuántas quedarán disponibles para el sector taximetrero, con el objetivo de evitar desbordes en la cantidad de vehículos en circulación.
El límite numérico no alcanzará al servicio de motos. La ordenanza original no fijó restricciones de cantidad para este segmento y la reglamentación mantendría ese criterio, dejando a las motocicletas fuera del sistema de cupos, aunque bajo normas específicas de funcionamiento.
En materia tributaria, la reglamentación avanzará sobre las cargas económicas que deberán afrontar las distintas partes. Se sostiene la obligación de que Uber, Cabify y Didi tributen el Tributo Económico Municipal, cuyo monto se calcularía en función de la flota declarada por cada empresa, con el objetivo de equiparar las condiciones con los taxis. En paralelo, se analiza si los licenciatarios del servicio tradicional pasarán a abonar un nuevo concepto impositivo que reemplace al canon municipal vigente hasta diciembre.
Mientras se ultiman estos detalles, el funcionamiento de las motos a través de aplicaciones volvió a quedar bajo la lupa. El ex funcionario Enrique Romero elevó un pedido formal para que se refuercen los controles y se exija licencia de conducir profesional a los motociclistas, alertando sobre conductas imprudentes y el riesgo que implica este tipo de servicio. El planteo se suma al debate que acompaña la implementación de un sistema que busca ordenar, controlar y unificar el transporte de pasajeros en la capital tucumana.
