
En un juicio abreviado, condenan a tres años de prisión efectiva a un chofer de Uber por triple homicidio culposo
Redacción SLC
Este jueves 28 de agosto, la Justicia homologó un acuerdo de juicio abreviado que condena a Abel Ramiro Vélez, chofer de Uber de 46 años, a tres años de prisión efectiva y cinco años de inhabilitación para conducir, por su responsabilidad en un trágico siniestro vial ocurrido en abril de este año en San Miguel de Tucumán, en el que murieron una mujer y sus dos hijas menores de edad.
La audiencia fue presidida por el juez interviniente, quien avaló el convenio celebrado entre el Ministerio Fiscal y la defensa del imputado. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, liderada por el fiscal Pedro León Gallo, y representada en esta ocasión por el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio.
El hecho ocurrió el 13 de abril de 2025, cerca de las 19:00, cuando Vélez conducía un automóvil Chery Face gris prestando servicio como chofer de Uber. Llevaba como pasajeras a Claudia Marina Mancilla y a sus hijas, una bebé de apenas 9 días de vida y una niña de 9 años.
Según la acusación, al ingresar de forma imprudente y antirreglamentaria a la autopista, en la intersección con avenida de Circunvalación y Octaviano Vera, el vehículo fue impactado en su lateral izquierdo por una camioneta Toyota Hilux, lo que provocó el vuelco del auto. El impacto tuvo consecuencias fatales.
La niña de 9 años falleció en el lugar. Su madre, Claudia Mancilla, fue trasladada al Hospital Padilla, donde murió poco después debido a politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano. La bebé fue derivada al Hospital de Niños y luego al Instituto de Ginecología y Maternidad, donde falleció el 16 de abril a las 23:35, tras luchar por su vida durante tres días.
Vélez fue hallado penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, debido a su conducción imprudente y antirreglamentaria. Además, el chofer ya contaba con antecedentes: había sido condenado en agosto de 2021 a dos años de prisión condicional por desobediencia judicial.




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