Redacción SLC
La Justicia dispuso la prisión preventiva por el plazo de 30 días para dos jóvenes de 18 y 19 años acusados de participar en una violenta agresión ocurrida a la salida de un boliche en Tafí del Valle. La medida fue resuelta durante una audiencia realizada este miércoles 4 de febrero, a pedido de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Física de Monteros, a cargo de la fiscal Mónica García de Targa.
En el marco del acto procesal, el auxiliar de fiscal Hugo Campos formuló cargos contra Máximo Carreras y Santiago Bagne por el delito de lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores. Según la acusación fiscal, el hecho tuvo lugar el pasado 29 de enero, alrededor de las 5 de la madrugada, en las inmediaciones del local bailable “Cañada”.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, los imputados actuaron en conjunto con al menos otros quince sujetos y persiguieron a la víctima, un joven de 19 años, tras su salida del boliche. La Fiscalía sostuvo que lograron hacerlo caer en una zanja y que, mientras era golpeado reiteradamente con puños y patadas en la cabeza y el cuerpo, los acusados conformaron un cerco humano para impedir su huida y evitar que terceros intervinieran en su auxilio.
El Ministerio Público Fiscal remarcó que la víctima se encontraba indefensa, en posición fetal, y que la agresión no tuvo consecuencias aún más graves debido a que un grupo de personas logró romper el cerco y protegerlo. Al solicitar la prisión preventiva, Campos calificó el ataque como “extremadamente violento” y destacó la marcada desproporción de fuerzas, al tratarse de un ataque grupal contra una sola persona.
La Fiscalía fundamentó la necesidad de la medida en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta que solo dos de los presuntos agresores han sido identificados hasta el momento y que la causa se encuentra en una etapa inicial. En ese sentido, sostuvo que la prisión preventiva resulta indispensable para resguardar la producción de pruebas y garantizar el normal avance del proceso.
Tras analizar los argumentos de las partes, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido del Ministerio Fiscal y ordenó que los acusados permanezcan detenidos por 30 días, al considerar acreditado el peligro de obstaculización de la investigación mientras continúan las medidas judiciales en la causa.
