Redacción SLC
La causa por la brutal agresión ocurrida el pasado 29 de enero a la salida de un boliche en Tafí del Valle dio un giro decisivo en las últimas horas. El juez Javier Núñez Campero ordenó la libertad de César Máximo Carreras, de 19 años, quien era el último joven que permanecía detenido en el marco de la investigación, por lo que ya no quedan personas privadas de su libertad por el hecho.
La resolución judicial se conoció apenas dos días después de que Santiago Bagne, el otro imputado en el expediente, recibiera el mismo beneficio. De este modo, ambos continúan vinculados a la causa, pero afrontarán el proceso en libertad mientras avanza la investigación.
Minutos antes de conocerse el fallo, Patricio Ledezma, víctima de la golpiza, expresó públicamente su postura al señalar que no desea que haya personas inocentes detenidas y que su principal interés es que se conozca toda la verdad para que se haga justicia y situaciones similares no vuelvan a repetirse.
El cambio de escenario estuvo marcado por una modificación en la posición del Ministerio Público Fiscal. La defensa de Carreras, integrada por los abogados Ángel Fara y Daniel Medina, había solicitado una audiencia para morigerar la prisión preventiva al sostener que la fiscalía no había logrado determinar con precisión el rol de cada acusado en la agresión. En ese marco, afirmaron haber incorporado nuevas pruebas, entre ellas registros fílmicos y testimonios, que indicarían que su defendido no participó del ataque.
De manera sorpresiva, el planteo fue acompañado por la Fiscalía. El auxiliar fiscal Hugo Campos, siguiendo instrucciones del fiscal Gerardo Salas, reconoció ante el juez que se sumaron nuevas evidencias que podrían confirmar que Carreras no tuvo intervención en el hecho, una admisión que resultó determinante para que se ordenara su liberación, aunque sin adelantar si se modificará la acusación de fondo.
Pese a recuperar la libertad, tanto Carreras como Bagne continúan imputados por tentativa de lesiones graves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas y siguen sujetos al proceso judicial. Para garantizar su sometimiento a la causa, el juez Núñez Campero dispuso estrictas reglas de conducta, entre ellas la prohibición de consumir alcohol o estupefacientes, la imposibilidad de acercarse o contactar a la víctima y la obligación de no influir sobre testigos ni sobre otras personas vinculadas a la investigación.
