Redacción SLC
La Justicia provincial hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por el gobernador Osvaldo Jaldo contra la diputada nacional Soledad Molinuevo, y ordenó a la dirigente opositora eliminar publicaciones en redes sociales en las que vinculaba al mandatario con la agresión al diputado Federico Pelli, además de abstenerse de realizar nuevas afirmaciones en ese sentido.
La resolución fue dictada por el juez Pedro Daniel Cagna, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la V Nominación, en el marco de una demanda impulsada por el mandatario provincial la semana pasada, con representación de la abogada Paula Morales Soria. En la presentación judicial se solicitó el cese inmediato de publicaciones consideradas agraviantes, en las que se le atribuía falsamente al gobernador responsabilidad en un hecho de violencia ocurrido en la provincia.
Según el planteo, los mensajes difundidos por la legisladora contenían imputaciones “gravemente lesivas”, al señalar que Jaldo habría instigado o enviado a una persona a cometer una agresión física contra legisladores nacionales, además de responsabilizarlo por eventuales hechos que pudieran afectarla a ella y a su entorno. La demanda sostiene que estas acusaciones carecen de sustento y constituyen afirmaciones de extrema gravedad.
En su resolución, el magistrado dispuso que la demandada elimine de manera inmediata las publicaciones en redes sociales —incluida la plataforma X— que estén vinculadas directa o indirectamente con el objeto de la causa, y que se abstenga de reiterar afirmaciones similares en el futuro. Sin embargo, en esta instancia no hizo lugar al pedido de retractación pública ni a la difusión de disculpas, aspectos que podrían analizarse en una sentencia de fondo.
El propio Jaldo había anticipado detalles del fallo en una conferencia de prensa, mientras que Molinuevo cuestionó el procedimiento al señalar que no había sido notificada formalmente. A través de sus redes sociales, la diputada planteó dudas sobre la transparencia del proceso y reclamó respeto a la independencia judicial.
Por su parte, la abogada Morales Soria sostuvo que la legisladora “debe dejar de incurrir en manifestaciones” que, según indicó, buscan influir en la opinión pública, y afirmó que las notificaciones fueron realizadas conforme a la ley. Además, remarcó que la parte actora cuenta con las pruebas necesarias dentro del expediente judicial.
