Redacción SLC
El Gobierno de Tucumán desplegó una ofensiva institucional en Perú con el objetivo de destrabar el conflicto que pone en riesgo la continuidad del vuelo directo entre la provincia y Lima, una conexión considerada clave para la conectividad regional y el desarrollo económico del norte argentino. La misión oficial estuvo encabezada por Domingo Amaya, titular del Ente Tucumán Turismo, y el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, quienes llevaron el reclamo al Congreso peruano.
Allí expusieron el impacto negativo que tendría la suspensión de la ruta aérea, en el marco de una mesa técnica organizada por la Comisión Especial Multipartidaria PROINVERSIÓN. El eje del conflicto gira en torno a la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA), aplicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un cargo adicional que grava a los pasajeros en tránsito y que, según advirtieron, afecta la competitividad del enlace.
Amaya explicó que el costo asciende a 12,60 dólares por tramo, superando los 25 dólares en un viaje ida y vuelta, lo que encarece significativamente los pasajes, especialmente para grupos familiares. Durante su estadía en Lima, la delegación mantuvo reuniones con autoridades de LATAM Airlines Perú, legisladores y organismos internacionales, en un intento por sumar apoyos y visibilizar el problema. Según indicaron, la aerolínea también manifestó preocupación por la pérdida de competitividad frente a otros centros de conexión de la región.
Uno de los momentos centrales de la agenda fue la exposición ante el Parlamento peruano, donde participaron representantes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Allí se remarcó el impacto económico negativo de la tasa y se planteó la necesidad de ampliar la base de contribuyentes en lugar de aumentar la carga sobre los pasajeros.
La comitiva también logró instalar el tema en otros ámbitos institucionales. Según Amaya, autoridades peruanas se comprometieron a trasladar la inquietud a futuras gestiones políticas, mientras que incluso desde la Corte Suprema de Justicia de Perú mostraron interés en analizar la situación tras interiorizarse en el conflicto.
En paralelo, Tucumán buscó respaldo político y mantuvo encuentros con dirigentes como Keiko Fujimori, quien se comprometió a revisar la medida en caso de acceder a la presidencia, en un intento por construir consensos que permitan revertir la decisión. El conflicto se desató semanas atrás, cuando LATAM Airlines Perú anunció la cancelación de la ruta a partir del 29 de marzo, poco tiempo después de su inauguración, atribuyendo la decisión al impacto de la nueva tasa aeroportuaria.
Desde entonces, el gobierno provincial intensificó las gestiones para sostener la conexión. Las autoridades tucumanas subrayan la importancia estratégica del vuelo, no solo para mejorar la conectividad internacional, sino también por su impacto en el turismo, los negocios y la realización de eventos. En ese sentido, destacaron que la ruta mostraba una ocupación superior al 80%, reflejando una demanda sostenida.
Mientras avanzan las negociaciones, el Ejecutivo provincial busca evitar la pérdida de un enlace que considera fundamental para la proyección internacional de Tucumán. La decisión final podría tener efectos inmediatos en la economía regional y en la planificación de actividades previstas para los próximos meses.
