Redacción SLC
El juez penal económico Diego Amarante resolvió procesar a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por la retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025. Según la resolución judicial, ambos dirigentes tuvieron un rol central en las maniobras investigadas.
“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable” de Tapia y Toviggino, sostuvo el magistrado, al remarcar que contaban con facultades decisorias que les permitían incidir directamente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
El fallo señala que la conducta desplegada implicó la omisión deliberada de ingresar los tributos en tiempo y forma, lo que derivó en una mayor disponibilidad de fondos para la entidad. La causa también alcanza a otros directivos, actuales y anteriores, a quienes se les atribuye el delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la participación de múltiples personas dentro de una estructura organizativa.
En paralelo, el juez dispuso embargos por 350 millones de pesos tanto sobre la AFA como sobre Tapia y Toviggino, al considerar a la entidad responsable como persona jurídica por reiterados hechos de apropiación indebida. En total, se contabilizan 34 episodios vinculados a tributos y 17 relacionados con recursos de la seguridad social.
Los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, aunque con restricciones. Los acusados no podrán ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin autorización judicial, deberán informar cualquier cambio de residencia y continuar con la prohibición de salida del país, además de comunicar previamente cada viaje.
En cuanto al rol de Tapia, el juez fue enfático al señalar su responsabilidad dentro de la estructura de la AFA. Destacó que, como presidente, “detenta la representación legal de la entidad” y ocupa “una posición central en la toma de decisiones”, lo que, según el fallo, agrava su situación. Además, sostuvo que tenía conocimiento de la falta de pago y participación en las operaciones, al autorizar la mayoría de los movimientos vinculados a pagos electrónicos. La resolución podrá ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico y, en caso de ser confirmada, abriría el camino hacia un eventual juicio oral en una causa de alto impacto institucional.
