Redacción SLC
La causa por la muerte de Gabriel Sebastián Palavecino, el hombre de 32 años que falleció ahogado mientras realizaba terapia acuática, dio un giro clave en la Justicia. El Ministerio Fiscal imputó por homicidio culposo al profesor de la actividad y al guardavidas que debían asistirlo dentro de la pileta. La decisión marca un avance significativo en una investigación que conmocionó a San Miguel de Tucumán.
La acusación fue impulsada por la Unidad Especializada de Homicidios I, encabezada por Pedro Gallo, durante una audiencia en la que se expusieron los detalles del hecho. El auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio describió la secuencia y sostuvo que ambos acusados incumplieron de manera grave sus obligaciones. Para la Fiscalía, la conducta de los imputados fue determinante en el desenlace fatal.
El episodio ocurrió el 19 de noviembre de 2025 en el natatorio del Instituto Nacional de Deportes, en pleno Barrio Sur. Según la reconstrucción oficial, Palavecino permaneció sumergido, inmóvil y boca abajo durante aproximadamente seis minutos sin recibir asistencia. La situación fue advertida recién por una persona no identificada que lo sacó del agua, cuando ya era demasiado tarde.
La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, elemento central para sustentar la imputación penal. En base a esto, la Fiscalía consideró que tanto el profesor como el guardavidas actuaron con negligencia, incumpliendo el deber de cuidado que exigían sus funciones. Ambos fueron imputados como coautores del delito de homicidio culposo.
Si bien no se dispuso la detención, la Justicia estableció medidas restrictivas por un plazo de seis meses. Entre ellas, se incluyen la obligación de fijar domicilio, presentarse ante cada citación judicial, no entorpecer la investigación y la prohibición de salir de la provincia sin autorización. Estas condiciones regirán durante el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
El caso generó un fuerte impacto desde el primer momento, especialmente por el reclamo de la familia de la víctima, que sostiene que la muerte pudo evitarse. Con el avance de la causa, también se conoció que el natatorio fue clausurado en enero por falta de habilitación municipal. La imputación abre ahora un debate más amplio sobre los controles, la responsabilidad profesional y la seguridad en espacios destinados a actividades acuáticas.
