Redacción SLC
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán presentó una denuncia penal en la que advierte sobre una presunta asociación ilícita vinculada a un reclamo indemnizatorio millonario. La acusación alcanza a un exjugador de San Martín de Tucumán, su representante, abogados, estudios jurídicos y peritos médicos, entre otros actores. Según la presentación, todos habrían actuado de manera coordinada para sostener una demanda que podría carecer de sustento legal.
El planteo fue impulsado por el interventor Guillermo Alfredo Norry y el subinterventor Antonio Daniel Bustamante, quienes señalaron que la maniobra habría tenido como objetivo inducir a error al sistema judicial. El impacto económico estimado oscila entre los 450 millones y 1.200 millones de pesos. La causa ahora busca determinar si existió una estructura organizada detrás del reclamo.
El caso se origina en la demanda presentada por el futbolista Adrián Arregui, quien reclamó una indemnización por una lesión sufrida en febrero de 2019 durante un partido ante Belgrano de Córdoba. En ese momento, el jugador integraba el plantel profesional bajo la modalidad de trabajador autónomo. Tras el episodio, recibió atención médica, fue dado de alta y continuó su carrera sin interrupciones, incluso con un posterior pase al fútbol colombiano.
Según la denuncia, en las revisiones médicas posteriores no se detectaron secuelas ni incapacidades que justificaran el reclamo. A pesar de ello, la acción judicial avanzó con presentaciones legales y pericias que, según la Caja, podrían haber sido utilizadas para sostener una responsabilidad inexistente. La hipótesis apunta a una estrategia coordinada para obtener un beneficio económico indebido.
El punto central del conflicto radica en el encuadre legal del caso. La demanda tramita ante el Tribunal de Trabajo N° 3 de Quilmes y busca ser comprendida dentro del sistema de riesgos del trabajo. Sin embargo, la Caja sostiene que el jugador nunca estuvo incluido dentro del personal cubierto por la ART, condición indispensable para que exista obligación de cobertura según la Ley 24.557.
Esa situación fue documentada en una carta documento enviada por el Club Atlético San Martín de Tucumán, donde dejó constancia de que Arregui no fue incorporado en ningún momento a la nómina de trabajadores asegurados, ni en febrero de 2019 ni en períodos anteriores o posteriores. Desde el punto de vista jurídico, este dato es determinante: sin relación laboral dependiente declarada, la ART no tiene obligación de responder.
La causa penal deberá ahora establecer si existió una organización detrás del reclamo y si corresponde avanzar con imputaciones. El expediente abre un nuevo frente judicial que pone en debate los mecanismos de control sobre este tipo de demandas. Mientras tanto, la denuncia de la Caja instala un fuerte interrogante sobre la legalidad de un proceso que involucra cifras millonarias.
