Redacción SLC
El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto N.º 772/7 M.S., mediante el cual se refuerzan las medidas de prevención, control y sanción ante situaciones de violencia, amenazas y alteraciones del orden público en establecimientos educativos de Tucumán. La normativa ya entró en vigencia y apunta a garantizar la seguridad dentro y fuera de las instituciones.
El decreto ratifica las instrucciones al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán para intervenir de manera inmediata ante situaciones de riesgo, con el objetivo de prevenir hechos de violencia en el ámbito escolar. La decisión se enmarca en una creciente preocupación por episodios que afectan el normal desarrollo de las clases.
En ese contexto, la normativa establece responsabilidades directas para las autoridades y directivos de escuelas públicas y privadas en la preservación y el cuidado de los alumnos. El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en la pérdida de subsidios o aportes estatales, lo que introduce un nuevo nivel de exigencia en la gestión institucional.
Uno de los puntos centrales del decreto es la instrucción al Ministerio de Educación para aplicar medidas correctivas más severas, entre ellas la expulsión del sistema educativo provincial durante el ciclo lectivo para aquellos alumnos que incurran en conductas que pongan en riesgo la convivencia escolar. La medida busca enviar una señal clara frente a hechos de gravedad.
Además, se establece que los padres, tutores o responsables legales deberán responder en sede administrativa y/o judicial por las conductas de los menores, incluyendo la responsabilidad solidaria por los daños que pudieran ocasionar.
En los casos más graves, la normativa contempla la posibilidad de trasladar a los menores involucrados al instituto Brochero de Benjamín Paz, previa intervención del Poder Judicial. De esta manera, el Gobierno provincial avanza en un esquema más estricto que combina sanciones educativas con medidas de resguardo y control para enfrentar la violencia en las escuelas.
