Redacción SLC
El juez federal José Manuel Díaz Vélez fue designado para conducir la investigación contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino, en una causa que involucra a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La decisión se tomó tras un sorteo que definió la subrogancia en el Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero y apunta a reactivar un expediente que había quedado paralizado en medio de fuertes controversias.
La intervención de Díaz Vélez será de carácter transitorio, en reemplazo del juez titular Guillermo Molinari, quien se encuentra con licencia médica. Con esta medida, se busca devolver operatividad a un juzgado que había quedado en una situación crítica luego de recusaciones cruzadas y disputas internas que pusieron en evidencia tensiones dentro del sistema judicial santiagueño.
La crisis se profundizó tras el apartamiento del magistrado Sebastián Argibay, quien había intervenido previamente en la causa. Su salida fue dispuesta luego de una recusación impulsada por el fiscal Pedro Simón, que cuestionó su imparcialidad por presuntos vínculos comerciales indirectos con el entorno de uno de los imputados.
Antes de ser apartado, Argibay tomó decisiones que generaron polémica, entre ellas el rechazo a pedidos de detención y su declaración de incompetencia para continuar en el expediente. Desde la fiscalía interpretaron esas resoluciones como un intento de favorecer a los investigados, lo que incrementó la tensión en torno al caso.
La investigación gira en torno a una presunta estructura destinada a desviar fondos mediante maniobras de asociación ilícita y lavado de activos. Según la hipótesis del fiscal Simón, se habrían utilizado sociedades radicadas en Santiago del Estero para canalizar recursos de la AFA hacia negocios particulares, a través de operaciones financieras complejas y facturación cruzada.
En el expediente se analizan movimientos patrimoniales que incluyen bienes de alto valor, como inmuebles, vehículos de lujo y transacciones millonarias. La fiscalía sostiene que estos activos no guardarían relación con los ingresos declarados por los principales implicados, lo que fundamenta los pedidos de indagatoria y detención para más de veinte personas.
En paralelo, persiste un conflicto de competencia sobre el fuero en el que debe tramitar la causa. Mientras la fiscalía defiende la jurisdicción de Santiago del Estero, las defensas buscan trasladar el caso a tribunales de otras regiones, lo que podría derivar en una definición por parte de instancias superiores.
Con su llegada, Díaz Vélez deberá revisar un expediente voluminoso y definir el rumbo procesal de la investigación. Su tarea incluirá determinar la validez de las decisiones adoptadas previamente y evaluar las medidas de prueba pendientes, en una etapa clave para el avance del caso.
La designación de un juez externo a la jurisdicción local es vista como una oportunidad para avanzar sin condicionamientos en una causa de fuerte repercusión pública. En un contexto de alta exposición, el desarrollo de la investigación pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para abordar procesos complejos vinculados a figuras de peso institucional.
