En medio de fuertes críticas al servicio, se extendió hasta 2028 la emergencia del transporte público

La Legislatura de Tucumán aprobó la prórroga de la emergencia del transporte público de pasajeros hasta el 31 de mayo de 2028, en una sesión atravesada por fuertes cuestionamientos al funcionamiento del sistema. La medida, impulsada por el oficialismo, extiende la vigencia de la Ley N° 9.773 y habilita al Poder Ejecutivo a continuar otorgando subsidios a las empresas prestatarias para sostener el servicio.

Durante el debate, el presidente de la comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, Tulio Caponio, defendió la iniciativa al señalar que la normativa es “el brazo ejecutor” con el que cuenta el Ejecutivo para asistir económicamente al sector. “Era necesario prorrogarla para poder sostener el sistema en funcionamiento”, sostuvo.

El respaldo financiero estatal aparece como uno de los pilares del esquema actual. En el último mes, la Provincia destinó más de $5.000 millones a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán, mientras que la Municipalidad de la Capital aportó cerca de $2.000 millones, en un contexto de creciente presión por los costos operativos.

Desde el Ejecutivo fundamentaron la medida en la persistencia —e incluso agravamiento— de las condiciones que dieron origen a la emergencia. Entre los factores señalados se destacan el aumento del combustible y de los salarios, variables que impactan de lleno en la estructura de costos del transporte. “Se hace necesario prorrogar la mencionada emergencia para optimizar las acciones de gestión en el sector”, argumenta el texto oficial.

Sin embargo, la decisión generó un fuerte rechazo en la oposición, que volvió a poner el foco en la calidad del servicio y en la reiteración de medidas de carácter excepcional. Legisladores de distintos espacios coincidieron en que el sistema arrastra deficiencias estructurales desde hace años y cuestionaron que los usuarios continúen siendo “rehenes” de una prestación deficiente.

Desde Fuerza Republicana, el legislador Eduardo Verón Guerra advirtió sobre la naturalización de este tipo de herramientas: “El problema es que se siguen prorrogando emergencias en lugar de discutir cómo salir de esta situación”, planteó. En la misma línea, Silvia Elías de Pérez expresó su preocupación por el impacto en el empleo, aunque cuestionó el mecanismo de asistencia y propuso un esquema de subsidios más focalizado.

Las críticas también apuntaron a la caída en el uso del transporte público. El legislador Walter Berarducci sostuvo que desde 2019 el corte de boletos se redujo cerca de un 50%, lo que —según remarcó— evidencia el abandono progresivo del sistema por parte de los usuarios. Además, cuestionó la asignación de fondos a AETAT en medio de denuncias por presuntas irregularidades.

Con la aprobación de la prórroga, el Gobierno provincial asegura herramientas para sostener el servicio en el corto plazo, pero el debate dejó expuesta una tensión de fondo: la necesidad de avanzar en una reforma integral que permita superar la lógica de la emergencia y reconstruir un sistema de transporte eficiente, sostenible y acorde a las demandas de los usuarios.