El Gobierno levantó la prohibición y reguló la venta de productos de nicotina tras más de una década de restricciones

El Gobierno nacional oficializó este lunes el fin de la prohibición de venta de productos de nicotina que regía en Argentina desde hacía más de diez años, al tiempo que estableció un nuevo marco regulatorio para su comercialización. La medida, instrumentada a través de una resolución conjunta de los ministerios de Economía y Salud, junto con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y la Jefatura de Gabinete, habilita la venta de vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina, siempre que se encuentren debidamente registrados.

Desde el Ejecutivo fundamentaron la decisión en la necesidad de ordenar un mercado que, hasta ahora, operaba mayormente en la clandestinidad. “La prohibición no frenó el consumo: lo empujó a la informalidad”, señalaron desde la cartera sanitaria que conduce Mario Lugones, al tiempo que remarcaron que con esta medida el Estado recupera “herramientas concretas para controlar, fiscalizar y sancionar”.

Uno de los ejes centrales de la nueva regulación apunta al impacto del consumo en jóvenes, un fenómeno que mostró un crecimiento sostenido en los últimos años. Datos de la SEDRONAR indican que más de un tercio de los estudiantes secundarios admitió haber utilizado cigarrillos electrónicos, mientras que estudios del Centro de Estudios de Estado y Sociedad reflejan una alta predisposición al consumo en adolescentes. En ese contexto, la normativa prohíbe de manera total los saborizantes y cualquier elemento que incremente el atractivo visual o gustativo de estos productos.

El nuevo esquema también establece límites estrictos sobre los բաղienes permitidos, la concentración de nicotina y las condiciones de fabricación, en línea con estándares sanitarios más exigentes. Además, introduce un registro obligatorio para empresas importadoras y comercializadoras, que deberán declarar la composición de los productos, garantizar su trazabilidad y tributar bajo un esquema específico.

Desde el Gobierno subrayaron que la medida no implica una promoción del consumo, sino un cambio de enfoque frente a una realidad existente. “No se está promoviendo el consumo, sino que se está dejando de mirar para otro lado”, afirmaron desde el Ministerio de Salud, en referencia a la necesidad de intervenir en un mercado que ya funcionaba sin controles efectivos.

La estrategia oficial también incorpora objetivos sanitarios, como reducir la exposición al humo del cigarrillo tradicional —asociado a enfermedades cardiovasculares, respiratorias y oncológicas— y generar condiciones para una eventual transición de fumadores hacia alternativas reguladas. En este sentido, la decisión toma como referencia experiencias internacionales y recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud, que advierte sobre el alto poder adictivo de la nicotina pero reconoce la necesidad de políticas públicas que contemplen distintos escenarios de consumo.

Con esta resolución, el Gobierno busca equilibrar control, salud pública y formalización económica en un mercado que, hasta ahora, operaba por fuera de las regulaciones, abriendo una nueva etapa en la política sanitaria vinculada al consumo de nicotina en el país.