Redacción SLC
El gobernador de Osvaldo Jaldo puso en valor la reciente aprobación de la Ley de Ficha Limpia en la Legislatura provincial y la definió como un paso significativo hacia una mayor transparencia institucional. La norma, sancionada por unanimidad a fines de abril, establece la inhabilitación para ocupar cargos públicos —electivos o por designación— a personas con condenas confirmadas en segunda instancia, un criterio que, según el mandatario, fortalece la calidad democrática.
En su análisis, el titular del Ejecutivo remarcó el posicionamiento de la provincia en el escenario nacional al señalar que “Tucumán es la sexta provincia que ha sancionado la Ficha Limpia”, y enfatizó que ese dato no es menor dentro de un contexto donde el debate sobre la idoneidad de los candidatos viene ganando terreno. “Muchas veces se cuestionó su tratamiento; y esta normativa consiste en los requisitos que tienen que tener aquellos que quieran ser candidatos en la provincia de Tucumán a cualquier cargo”, sostuvo.
La mirada del gobernador también incluyó una lectura política sobre el rol del Poder Legislativo, al que reconoció como el ámbito donde se seguirán definiendo los próximos pasos en materia institucional. “Seguramente todavía quedan proyectos para sancionar durante el año 2026, y los tiempos y las decisiones las va a ir tomando el Poder Legislativo”, expresó, dejando abierta la puerta a nuevas iniciativas que profundicen el marco normativo vigente.
En esa línea, Jaldo vinculó la aprobación de Ficha Limpia con una agenda más amplia orientada a consolidar mecanismos de control y acceso a la información pública. “Hay que seguir trabajando con el acceso a la información pública, porque no hay duda de que es una ley que muchas provincias y Nación la tienen”, afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de alcanzar consensos políticos que permitan avanzar en ese sentido dentro del ámbito provincial.
El mandatario cerró su reflexión destacando que este tipo de herramientas no solo impactan en el sistema político, sino también en la percepción ciudadana sobre las instituciones. En ese marco, consideró que el desafío ahora será sostener el impulso reformista y consolidar normas que refuercen la confianza pública en la dirigencia y en los procesos democráticos.
