Redacción SLC
La discusión por un nuevo aumento del boleto de colectivo en San Miguel de Tucumán comenzó a tomar forma en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, aunque sin resoluciones inmediatas. La comisión de Transporte decidió solicitar informes detallados al Departamento Ejecutivo antes de avanzar en cualquier modificación tarifaria.
El presidente de la comisión, José María Franco, fue contundente al explicar la postura adoptada. “Sería irresponsable tomar alguna decisión sin tener datos e información”, afirmó, al remarcar la necesidad de contar con un diagnóstico preciso del sistema antes de definir una eventual suba.
El pedido de incremento fue presentado por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), que elevó un estudio de costos con cifras actualizadas. Según ese informe, el boleto debería ubicarse en torno a los $2.397,73 con subsidios, mientras que sin asistencia estatal el valor real ascendería a $4.336,28 por viaje, muy por encima de la tarifa actual de $1.250 vigente desde diciembre.
Franco explicó que el requerimiento enviado al Ejecutivo apunta a conocer en profundidad variables clave como la recaudación del sistema SUBE, la cantidad de unidades en circulación y el cumplimiento de las normativas en los últimos seis meses. “Desde sus áreas técnicas nos pueden ofrecer datos para realizar un diagnóstico de la situación real”, sostuvo.
El tema generó distintas miradas dentro del cuerpo legislativo, reflejando un debate aún abierto. “Hay concejales que consideran necesaria una readecuación, mientras que otros están analizando su posición”, indicó el edil, evidenciando que no existe por ahora un consenso claro.
En paralelo, la comisión avanzó sobre otros proyectos vinculados al ordenamiento del tránsito, como iniciativas de estacionamiento medido y regulaciones para el transporte mediante aplicaciones digitales, ampliando la agenda más allá de la cuestión tarifaria.
Por el momento, la definición sobre el valor del boleto quedó supeditada a la información que remita el Ejecutivo municipal. En ese contexto, el impacto en los usuarios y la sostenibilidad del sistema aparecen como los ejes centrales de una discusión que promete intensificarse en las próximas semanas.
