Redacción SLC
El Gobierno de Tucumán dio un nuevo paso en la lucha contra la trata de personas al adherirse al “Programa de asistencia y restitución de derechos a víctimas del delito de trata”, una iniciativa impulsada a nivel nacional que apunta a mejorar los mecanismos de protección y acompañamiento. El convenio fue rubricado por el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, junto al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.
El acta de adhesión establece el compromiso de la provincia de brindar asistencia técnica y metodológica al organismo nacional, incorporando instancias de capacitación y apoyo en la implementación del programa. Además, contempla la articulación con distintos actores de la sociedad civil para fortalecer el abordaje integral de esta problemática.
Masso destacó el alcance de la iniciativa y remarcó la importancia de consolidar políticas públicas en la materia. “Este tipo de acciones fortalecen el compromiso, la protección y el acompañamiento de este sensible grupo de personas que padece el flagelo”, expresó, al tiempo que subrayó la continuidad del trabajo provincial en la restitución y promoción de los derechos humanos.
El funcionario también recordó que el programa se enmarca en lo dispuesto por la Ley Nacional N°26.364 y su modificatoria, la Ley Nacional N°26.842, normativas que regulan la prevención, sanción de la trata de personas y la asistencia a sus víctimas en el país.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social enfatizaron que la adhesión se alinea con las políticas de cuidado impulsadas por la Provincia y tiene como objetivo central generar herramientas concretas para la detección de casos. En ese sentido, remarcaron la necesidad de capacitar tanto a agentes del Estado como a organizaciones privadas y a la ciudadanía en general, teniendo en cuenta la complejidad del delito.
La incorporación de Tucumán al programa nacional refuerza la estrategia de abordaje integral de la trata de personas, un delito que requiere coordinación institucional, formación específica y una respuesta sostenida para garantizar la protección efectiva de las víctimas.
