Con dos proyectos clave, avanza en Tucumán el debate por la protección de glaciares tras la reforma nacional que reconfiguró el esquema ambiental

La reciente reforma de la Ley de Glaciares a nivel nacional comenzó a generar impacto en Tucumán, donde distintos sectores políticos avanzan con iniciativas propias para garantizar la protección de estos ecosistemas estratégicos. En la Legislatura provincial ya se presentaron proyectos que buscan resguardar los cuerpos de hielo y ambientes periglaciares ubicados en la Sierra del Aconquija, en un contexto marcado por el debate ambiental y judicial abierto tras la modificación impulsada por la Nación.

El eje de la discusión gira en torno a los cambios introducidos por el Congreso, que ahora dejan en manos de cada provincia la decisión sobre qué glaciares deben ser protegidos según su rol como reserva hídrica, desplazando el criterio técnico-científico que regía anteriormente. Esta redefinición encendió alertas en organizaciones ambientalistas, que ya recurrieron a la Justicia para intentar frenar la nueva normativa, al considerar que podría debilitar los mecanismos de protección.

En Tucumán, la legisladora Carolina Vargas Aignasse presentó un proyecto que propone una protección integral de los glaciares y del ambiente periglacial, al considerarlos “reservas estratégicas de recursos hídricos, reguladores del ciclo hidrológico y bienes ambientales de carácter colectivo”. La iniciativa establece una serie de prohibiciones que alcanzan desde actividades contaminantes hasta la explotación minera o hidrocarburífera, así como cualquier intervención que altere la estabilidad de estos ecosistemas.

La parlamentaria fundamentó su propuesta en datos concretos: “De acuerdo con el Inventario Nacional de Glaciares, en la provincia se registran 122 cuerpos de hielo que abarcan cerca de 10 kilómetros cuadrados”, remarcó, al subrayar la importancia de preservar estos reservorios naturales frente a posibles impactos.

En paralelo, el legislador Walter Berarducci presentó una iniciativa con un enfoque diferente, que apunta a prohibir la actividad minera en zonas periglaciares consideradas relevantes para la generación de recursos hídricos. Sin embargo, su proyecto contempla excepciones en aquellos casos donde estudios técnicos certifiquen un impacto ambiental insignificante, en línea con una visión que busca compatibilizar desarrollo productivo y cuidado ambiental.

El debate local refleja así la tensión entre dos modelos: uno orientado a la protección estricta de los recursos naturales y otro que intenta equilibrar esa preservación con la posibilidad de atraer inversiones. En ambos casos, el denominador común es la necesidad de definir reglas claras ante un nuevo escenario nacional que trasladó la responsabilidad de decisión a las provincias.