Redacción SLC
Una causa por presunta estafa y falsificación de documentación pública sacude al ámbito judicial tucumano y tiene como protagonista a una abogada de 50 años que se desempeñaba en el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo. La investigación es llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, donde en los últimos meses se incrementaron las denuncias vinculadas a maniobras fraudulentas y engaños económicos.
Según la acusación formulada por la auxiliar Daniela Briz Tomás, siguiendo instrucciones del fiscal Fernando Blanno, la profesional habría utilizado su condición de abogada para captar a las víctimas y avanzar con la maniobra investigada. De acuerdo con la imputación, la sospechosa ofreció asesoramiento jurídico a un heredero para iniciar una sucesión y posteriormente concretar la venta de una camioneta Volkswagen Amarok a un tercero.
“La imputada informó al beneficiario de la sucesión y al futuro adquirente de la camioneta que iniciaría el trámite sucesorio y que se encargaría de realizar las gestiones de transferencia del vehículo”, detalló Briz Tomás durante la audiencia judicial.
La acusación sostiene que las víctimas entregaron el título automotor y abonaron $895.000 mediante transferencia bancaria como contraprestación por los supuestos servicios jurídicos. Según el expediente, la maniobra continuó meses después, cuando en diciembre de 2024 la abogada se comunicó telefónicamente con el comprador y le aseguró que la camioneta ya había sido transferida correctamente.
Sin embargo, ante los reiterados reclamos de los damnificados, la acusada habría citado al comprador a una oficina del IPLA ubicada sobre avenida Salta al 100, en San Miguel de Tucumán. En ese encuentro, según la investigación, la profesional entregó un supuesto título del vehículo ya transferido a nombre del nuevo propietario, aunque posteriormente se comprobó que el documento era falso.
“A los fines de dotar de credibilidad a su engaño”, la acusada habría utilizado incluso instalaciones oficiales del organismo provincial para concretar parte de la maniobra, remarcaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Mientras avanzan las pericias pendientes y se esperan informes bancarios y telefónicos vinculados al caso, la fiscalía solicitó medidas de menor intensidad por el plazo de seis meses, por lo que la mujer continuará el proceso en libertad. La jueza interviniente además dejó asentada una reserva de competencia debido a la posible falsificación de documento público, situación que podría derivar en el pase de la causa a la Justicia Federal en las próximas semanas.
