Redacción SLC
El Gobierno nacional buscó bajarle el tono a la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que se desarrolló este martes en distintos puntos del país y calificó la movilización como una protesta impulsada por sectores políticos opositores. Mientras miles de personas colmaron las calles para reclamar por mayor financiamiento para las universidades públicas, desde la administración de Javier Milei insistieron en que detrás de la convocatoria existió una intencionalidad política orientada a desgastar la gestión nacional.
La movilización tuvo epicentro en la Plaza de Mayo y se replicó en numerosas provincias, entre ellas Tucumán, donde la comunidad universitaria salió a manifestarse en defensa del sistema público de educación superior. Sin embargo, desde la Casa Rosada relativizaron el impacto de la protesta y remarcaron la presencia de dirigentes políticos, sindicales y referentes opositores entre los asistentes.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue uno de los funcionarios que salió a responder públicamente tras la marcha. “Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes, dirigentes sindicales… cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble”, afirmó en declaraciones radiales, al tiempo que sostuvo que existen sectores que buscan “instrumentar esto para sus propios fines”.
Desde el oficialismo también pusieron en duda la dimensión de la convocatoria. Según cifras difundidas por el Gobierno, alrededor de 135 mil personas participaron de la movilización en todo el país, un número muy inferior al estimado por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, quien aseguró que más de 1,5 millones de personas se sumaron a las protestas en defensa de la universidad pública.
Mientras el presidente Milei seguía la jornada desde la Quinta de Olivos y replicaba mensajes críticos hacia la movilización en redes sociales, el Gobierno intentó trasladar el debate hacia el funcionamiento interno de las universidades y la administración de los recursos públicos destinados al sistema educativo superior.
En ese sentido, Álvarez sostuvo que el Estado administra cerca de 400 mil millones de pesos destinados a salarios universitarios y planteó que los resultados académicos actuales no justifican el volumen del gasto. “Por supuesto que los docentes deberían ganar más, pero el presupuesto es finito”, expresó el funcionario en declaraciones televisivas, donde además cuestionó la relación entre cantidad de estudiantes, graduados y docentes dentro de las universidades nacionales.
El subsecretario también abrió la discusión sobre la estructura del sistema universitario y deslizó cuestionamientos respecto al número de profesionales que integran las casas de estudio. “Es lo que estamos poniendo en discusión y para eso tenemos que tener indicadores confiables. Hay cerca de 200 mil docentes. Es una discusión que no está saldada”, señaló.
Las declaraciones oficiales se dieron en medio de una creciente tensión entre el Gobierno y el sistema universitario, que reclama la actualización urgente del presupuesto, mejoras salariales para docentes y nodocentes y mayores recursos para sostener becas, infraestructura y proyectos de investigación científica. Mientras tanto, las universidades nacionales continúan en estado de alerta y advierten que el conflicto podría profundizarse si no existen respuestas concretas por parte de la Nación.
