Avanza en la Legislatura el proyecto para sancionar la violencia digital y las injurias en redes sociales

La Legislatura de Tucumán avanzó esta semana con el tratamiento de un proyecto de ley destinado a combatir la violencia digital y los contenidos injuriantes en redes sociales, luego de que la comisión de Legislación General emitiera dictamen favorable a la iniciativa impulsada por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse.

La propuesta apunta a establecer mecanismos para actuar frente a publicaciones digitales que constituyan calumnias o injurias manifiestas, en medio de una creciente preocupación por los casos de hostigamiento, difamación y violencia en plataformas virtuales.

Durante el debate legislativo se introdujo una modificación central para evitar cuestionamientos políticos respecto del alcance de la norma. El nuevo texto excluye expresamente a funcionarios públicos elegidos por el voto popular y a cargos jerárquicos hasta el nivel de director dentro de los tres poderes del Estado y organismos descentralizados.

Según explicó Vargas Aignasse, la decisión busca despejar cualquier sospecha de utilización política de la futura legislación. “Es evitar cualquier suspicacia interpretativa respecto de un eventual blindaje encubierto para gobiernos o dirigentes políticos”, sostuvo el parlamentario.

“Quienes ejercemos funciones públicas estamos sometidos al control, la crítica y al debate permanente de la sociedad”, agregó el legislador peronista al defender la exclusión de funcionarios del ámbito de aplicación de la ley.

El impulsor de la iniciativa sostuvo además que la violencia digital se transformó en uno de los fenómenos más destructivos de la actualidad debido a la velocidad con la que se viralizan ataques, agravios y campañas de difamación.

“La difamación y el hostigamiento pueden destruir la honra, la dignidad y hasta la salud psíquica de una persona en cuestión de minutos”, advirtió Vargas Aignasse durante el tratamiento del proyecto. En ese marco, el legislador vinculó la problemática con casos graves registrados recientemente entre adolescentes y jóvenes. “No podemos seguir mirando para otro lado mientras la ley de la selva digital avanza sobre la vida de las personas”, expresó.

El parlamentario insistió en que la iniciativa no pretende limitar la libertad de expresión ni convertirse en un “bozal digital”, sino actuar exclusivamente frente a contenidos falsos o manifiestamente injuriantes. Otro de los cambios incorporados durante el debate legislativo fue la eliminación de los plazos de vigencia que contemplaba la propuesta original. Inicialmente, el proyecto planteaba una duración de diez días para determinadas medidas, aunque finalmente se resolvió quitar cualquier límite temporal específico.

La reunión de comisión contó con la participación de los legisladores José Macome, Christian Rodríguez, Carolina Vargas Aignasse y Sara Assan. Fuentes parlamentarias estiman que el proyecto podría llegar al recinto durante la próxima sesión ordinaria de fin de mes, junto con otras iniciativas vinculadas al área educativa y al tratamiento de pliegos para cubrir vacantes en la Justicia provincial.