Redacción SLC
La inflación de abril se ubicó en 2,6%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos, marcando una desaceleración frente al 3,4% registrado en marzo y poniendo fin a una racha de diez meses consecutivos de aceleración en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con este nuevo dato, la variación interanual alcanzó el 32,4%, mientras que el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 llegó al 12,3%. El resultado estuvo en línea con las previsiones del mercado y de distintas consultoras privadas, que esperaban un índice mensual de entre 2,4% y 2,8%.
El informe oficial reflejó además que el principal impulso inflacionario provino de los precios Regulados, que aumentaron un 4,7% durante abril. En este segmento impactaron principalmente los ajustes en tarifas de electricidad y transporte, dos componentes que continúan presionando sobre el costo de vida.
En paralelo, el IPC Núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— avanzó un 2,3%, mostrando que persisten tensiones inflacionarias en rubros vinculados a servicios y contratos. Entre los sectores con mayor incidencia aparecieron alquileres, servicios relacionados con la vivienda y consumos en restaurantes y comidas fuera del hogar.
Por otro lado, los precios Estacionales no registraron variaciones durante el mes. Desde el organismo explicaron que las subas en indumentaria, típicas del cambio de temporada, fueron compensadas por bajas en turismo y en algunos productos frescos como frutas.
El dato de abril fue interpretado por el mercado como una señal de moderación en el ritmo mensual de aumentos, aunque la inflación todavía se mantiene en niveles elevados en términos interanuales. Analistas económicos advierten que el comportamiento de las tarifas, los servicios y los contratos atados a ajustes periódicos seguirán siendo determinantes para la evolución de los precios en los próximos meses.
En ese contexto, el Gobierno nacional apuesta a consolidar una desaceleración inflacionaria gradual, mientras intenta sostener el equilibrio fiscal y contener el impacto de los ajustes regulados sobre el consumo y la actividad económica.
