Diputados aprobó la Ley Hojarasca y el Gobierno avanza con la derogación de normas obsoletas

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó este miércoles el proyecto denominado “Ley Hojarasca”, una iniciativa promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La propuesta busca depurar el digesto jurídico nacional mediante la derogación de más de 70 normas consideradas obsoletas, innecesarias o sin aplicación práctica en la actualidad.

El proyecto obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones durante la sesión en la Cámara baja y fue girado al Senado de la Nación Argentina, donde el Gobierno nacional espera conseguir la sanción definitiva en las próximas semanas. La iniciativa forma parte de la agenda de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei.

La sesión parlamentaria también incluyó el tratamiento de otros proyectos vinculados al régimen de subsidios al consumo de gas por “zona fría”, además de convenios internacionales y un reconocimiento a veteranos de la Guerra de Malvinas. Sin embargo, el debate sobre la Ley Hojarasca concentró buena parte de las intervenciones y los cruces políticos dentro del recinto.

Uno de los principales defensores de la iniciativa fue el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Durante su exposición, el legislador sostuvo que el proyecto apunta a eliminar regulaciones innecesarias que, según afirmó, complican la vida cotidiana de los ciudadanos y afectan las libertades individuales.

“Creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir, y para agravar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible”, expresó Benegas Lynch al cuestionar el exceso de regulaciones impulsadas por lo que definió como “la política tradicional”.

El diputado oficialista aseguró además que muchas leyes fueron utilizadas históricamente como herramientas burocráticas y mecanismos de control político. En ese sentido, sostuvo que la calidad legislativa no debe medirse por la cantidad de normas sancionadas sino por su utilidad y necesidad real.

“Medir la calidad legislativa por la cantidad legislativa es francamente patético”, afirmó el legislador de La Libertad Avanza, quien además calificó al entramado normativo argentino como “un laberinto regulatorio”.

Por su parte, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz explicó que la Ley Hojarasca constituye la primera etapa de un proceso más amplio de revisión normativa que continuará con nuevos proyectos similares. Según detalló, la propuesta contempla la derogación de leyes consideradas absurdas, tecnológicamente superadas o incompatibles con el paradigma actual de libertad económica impulsado por el Gobierno.

Entre los ejemplos mencionados por Mayoraz aparecieron normas vinculadas a la microfilmación, leyes sobre “mochileros”, organismos ya inexistentes y regulaciones administrativas que hoy resultan imposibles de aplicar. El legislador sostuvo que muchas de esas normas fueron creadas únicamente con fines simbólicos o declarativos.

“El punto central de la Ley Hojarasca es el paradigma de la libertad. Estamos hablando de la batalla cultural que nos plantea el presidente”, remarcó el diputado santafesino durante el debate parlamentario.

Desde la oposición, en tanto, cuestionaron duramente la iniciativa impulsada por el oficialismo y advirtieron sobre las consecuencias de avanzar en una reducción de herramientas estatales. El diputado de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, rechazó el proyecto y aseguró que detrás de la propuesta existe una intención de desmantelar estructuras del Estado.

“Detrás de esta cortina de humo pretenden seguir destruyendo al Estado”, afirmó Trotta durante su intervención en el recinto, en uno de los cruces más fuertes del debate legislativo.

Con la aprobación en Diputados, el oficialismo logró avanzar con uno de los proyectos emblemáticos de la agenda de desregulación promovida por el Gobierno nacional. Ahora, la discusión continuará en el Senado, donde el Ejecutivo buscará consolidar una nueva victoria parlamentaria en medio de la disputa política por el rol y el tamaño del Estado.