Redacción SLC
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la implementación de la reforma laboral al reglamentar este lunes el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las herramientas centrales incorporadas por la Ley de Modernización Laboral aprobada a fines de febrero. La medida quedó formalizada a través de su publicación en el Boletín Oficial y define el funcionamiento, la administración y los alcances del nuevo esquema destinado a cubrir obligaciones laborales e indemnizaciones en el ámbito privado.
La normativa establece que el sistema estará dirigido exclusivamente a empleadores y trabajadores debidamente registrados del sector privado. De esta manera, quedan excluidos tanto los empleados públicos como aquellas relaciones laborales que la propia legislación deja expresamente fuera de su alcance.
Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es la forma en que serán administrados los recursos. El texto oficial dispone que la instrumentación del Fondo de Asistencia Laboral se realizará mediante vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores, organismo que depende del Ministerio de Economía.
Entre los instrumentos habilitados se encuentran los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros. Según se explicó oficialmente, estos mecanismos fueron seleccionados para garantizar la separación patrimonial de los recursos, su afectación específica al cumplimiento de obligaciones laborales y una adecuada supervisión del funcionamiento del régimen.
La reglamentación también fija límites precisos respecto al destino de las inversiones. En ese sentido, establece que los fondos deberán colocar sus recursos únicamente en instrumentos financieros emitidos y negociados dentro del territorio argentino, una decisión orientada a mantener el capital dentro del sistema financiero nacional.
En materia operativa, la responsabilidad de recaudar y derivar los aportes recaerá sobre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El organismo integrará las contribuciones al esquema de la seguridad social y administrará el circuito de transferencias vinculadas al nuevo régimen.
Para garantizar una correcta identificación de los aportes, cada empleador deberá informar un código específico denominado "ID FAL". Este identificador permitirá direccionar los fondos hacia el vehículo de inversión correspondiente y asegurar la trazabilidad de cada contribución realizada dentro del sistema.
Otro de los puntos clave del decreto reglamentario se refiere al mecanismo de pago de las indemnizaciones. La norma determina que, una vez presentada la declaración correspondiente al cese de la relación laboral, la entidad administradora tendrá la obligación de transferir los montos que correspondan al trabajador en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Con esta reglamentación, el Gobierno busca poner en marcha uno de los cambios más relevantes contemplados en la Ley de Modernización Laboral. El nuevo esquema apunta a establecer un mecanismo específico para la cobertura de las obligaciones derivadas de la finalización de los vínculos laborales, bajo un sistema administrado mediante fondos especialmente constituidos y supervisados por organismos estatales.
