Redacción SLC
La Universidad Nacional de Tucumán atraviesa una de las coyunturas institucionales más complejas de los últimos años y junio se presenta como un mes decisivo para el futuro de su conducción. Con el proceso electoral suspendido por decisión judicial y las máximas autoridades con sus mandatos vencidos, todas las miradas están puestas en la definición que deberá adoptar la Justicia Federal antes de la Asamblea Universitaria convocada para el próximo 10 de junio.
El conflicto tiene como eje la postulación del actual rector, Sergio Pagani, quien busca competir por un nuevo período acompañado por Mercedes Leal. Sin embargo, esa candidatura fue objetada por el espacio opositor encabezado por Miguel Cabrera y Virginia Abdala, que interpreta que la reforma estatutaria aprobada en 2024 establece un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer el Rectorado.
La controversia escaló rápidamente hasta la Justicia y terminó en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Allí se hizo lugar a una medida cautelar que suspendió provisoriamente la candidatura de Pagani, una decisión que alteró por completo el cronograma electoral previsto originalmente por la universidad.
Como consecuencia de esa resolución judicial, el Consejo Superior debió postergar la Asamblea Universitaria que estaba prevista para el 20 de mayo. La imposibilidad de avanzar con la elección de nuevas autoridades generó un escenario de incertidumbre institucional que se profundizó con el vencimiento formal de los mandatos de Pagani y Leal.
Ante esta situación excepcional, la conducción transitoria de la UNT quedó en manos de Cristina Grunauer de Falú. La decana asumió la responsabilidad de garantizar la continuidad administrativa de la universidad hasta que pueda concretarse la elección de las nuevas autoridades.
A pocos días de la nueva fecha fijada para la Asamblea Universitaria, el expediente judicial adquiere una relevancia central. Una de las posibilidades es que la Justicia deje sin efecto la cautelar y habilite nuevamente a Pagani para competir, permitiendo que el oficialismo mantenga su estrategia electoral original.
Otro escenario contempla la ratificación de la medida cautelar, lo que dejaría al actual rector fuera de la contienda y obligaría al sector gobernante a redefinir su esquema político. Esa alternativa podría derivar en la búsqueda de nuevos candidatos y en una reconfiguración de los acuerdos internos dentro del oficialismo universitario.
Más allá de la disputa por los nombres, el debate de fondo gira en torno a la interpretación del nuevo Estatuto universitario. La discusión sobre los límites a la reelección se convirtió en una cuestión institucional de gran trascendencia, ya que la resolución judicial sentará un precedente sobre el alcance y la aplicación de las reformas aprobadas recientemente por la universidad.
Mientras la cuenta regresiva avanza hacia el 10 de junio, la UNT continúa atravesada por tensiones políticas, discusiones jurídicas y una creciente expectativa por la decisión de los tribunales. Lo que ocurra en los próximos días no solo definirá quién conducirá la principal casa de estudios de Tucumán durante los próximos años, sino que también marcará el rumbo institucional de una universidad que enfrenta uno de los desafíos más importantes de su historia reciente.
