La Legislatura rechazó el pedido de juicio político contra Miguel Chaibén Terraf y archivó la denuncia

La Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán resolvió este lunes rechazar el pedido de destitución presentado contra Miguel Chaibén Terraf y ordenó el archivo definitivo de las actuaciones. La decisión puso fin al planteo impulsado por los periodistas Mauricio Formoso, Roque Galeano y Martín Faciano, quienes habían denunciado al funcionario por presunto mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El caso había sido analizado por el cuerpo legislativo que preside Sergio Mansilla, cuyos integrantes concluyeron que los hechos denunciados no encuadraban dentro de las causales previstas por la normativa vigente para promover un juicio político. En consecuencia, los legisladores resolvieron desestimar la presentación y cerrar el expediente.

La decisión quedó plasmada en la Resolución N° 631, firmada por Mansilla junto a los legisladores Aldo Salomón, Rodolfo Ocaranza, Sara Assán, Tulio Caponio, Paula Galván, Mario Leito, Carlos Verón Guerra, Roberto Moreno, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra y Claudio Viña. En el documento, la comisión sostuvo que los argumentos expuestos por los denunciantes no se ajustan a las causales contempladas en la Ley N° 8.198 para habilitar un proceso de destitución.

"Las circunstancias esgrimidas como causales por los denunciantes no se encuentran encuadradas en ninguno de los incisos 1) y 2) del Artículo 17 de la Ley N° 8.198, siendo las mismas de interpretación restrictiva sin admitirse la recusación sin causa conforme la mencionada ley sobre la cual descansa el presente proceso", expresaron los integrantes de la comisión en los fundamentos de la resolución.

La denuncia había sido presentada a mediados de mayo y estaba vinculada con el control ejercido por el Tribunal de Cuentas sobre una obra realizada en el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz. Los denunciantes basaron parte de sus argumentos en una investigación periodística publicada por el medio Enterate Noticias, en la que se señalaba que Chaibén Terraf habría sugerido un mecanismo de convalidación posterior mediante decreto para regularizar trabajos ya ejecutados.

Según la presentación, esa situación guardaría relación con el Decreto N° 850/8, mediante el cual se aprobó el gasto y el pago de $294.852.768,52 a la firma HAGA U.T. por obras realizadas en el establecimiento socioeducativo "San José Gabriel del Rosario Brochero". Los denunciantes sostenían que el punto central de la controversia no era la ejecución de los trabajos en sí, sino el procedimiento institucional utilizado para autorizar y abonar obras ya concluidas.

En ese sentido, planteaban que la situación podría haber implicado una desnaturalización del control preventivo que corresponde ejercer al Tribunal de Cuentas sobre el manejo de recursos públicos. Sin embargo, esa interpretación fue descartada por la Comisión de Juicio Político, que entendió que no existían elementos suficientes para atribuir una conducta de gravedad institucional al titular del organismo de control.

"Esta comisión no advierte cuál conducta de gravedad atribuible al presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, C.P.N. Miguel Chaibén Terraf, motivaría un procedimiento como el que aquí se intenta, si el control posterior es una facultad prevista en la Constitución de la Provincia y los denunciantes no cuestionan su legalidad ni el acto administrativo que lo motiva", señalaron los legisladores en el tramo final de la resolución.

Con esta decisión, la Legislatura cerró definitivamente el proceso iniciado contra Chaibén Terraf y descartó la posibilidad de avanzar con un juicio político. De esta manera, el presidente del Tribunal de Cuentas continuará al frente del organismo, mientras queda archivada una denuncia que había generado repercusiones por su vinculación con una obra pública de alto impacto en la provincia.