Redacción SLC
La Justicia tucumana dictó prisión preventiva por 120 días para Enrique Sánchez Loria, señalado como el principal acusado en una causa por presunta comercialización de drogas sintéticas que se inició tras un accidente de tránsito ocurrido en Yerba Buena. La resolución fue adoptada por el juez Guillermo Taylor, quien además dispuso una medida cautelar de 15 días de detención para Nicolás Avellaneda, otro de los imputados en la investigación.
La pesquisa tuvo un origen tan inesperado como determinante. El pasado 10 de abril, Sánchez Loria protagonizó un accidente sobre avenida Aconquija y, cuando fue asistido por personal policial, los efectivos encontraron en su mochila varios tubos que contenían una sustancia compatible con drogas sintéticas. Tras las primeras pericias realizadas por especialistas de la Dirección General de Drogas Peligrosas, se confirmó la sospecha y comenzó una investigación que derivó en el descubrimiento de una presunta red de comercialización.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la auxiliar fiscal Elina González destacó el trabajo de vigilancia realizado por los investigadores. “Los investigadores también entrevistaron a varios de sus vecinos. Ellos, en un primer momento, no querían hablar porque lo consideraban una persona peligrosa”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal al describir las dificultades que enfrentó la pesquisa.
Según expuso la fiscalía, las tareas de seguimiento permitieron determinar que el acusado residía en un departamento ubicado en calle Jujuy al 200 y que realizaba entregas de sustancias tanto en la vía pública como dentro del edificio. González agregó además que se logró establecer que entre sus compradores había personas vinculadas al ambiente de las fiestas electrónicas y de alto poder adquisitivo.
El avance más importante de la investigación se produjo durante un allanamiento autorizado por la jueza Ana María Iácono y ejecutado el sábado pasado. Antes de ingresar al inmueble, los efectivos interceptaron a un hombre que acababa de salir del edificio luego de concretar una supuesta transacción. De acuerdo con la acusación, llevaba una sustancia etiquetada con el nombre de otra persona, una dirección de entrega y una suma de dinero que podría corresponder al valor de la operación.
Ya dentro del departamento, los investigadores encontraron una importante cantidad de estupefacientes y elementos utilizados para su distribución. Entre los secuestros se contabilizaron 458 pastillas de éxtasis, más de 600 recipientes Eppendorf empleados para dosificar drogas sintéticas, cinco frascos de ketamina líquida y 29 troqueles de LSD, conocidos popularmente como “pepas”, además de dinero en efectivo en pesos, dólares y reales.
La fiscalía también destacó un detalle que llamó particularmente la atención de los investigadores. Varias de las dosis secuestradas estaban rotuladas con nombres, números telefónicos o direcciones de presuntos compradores, una modalidad que reforzó la hipótesis de que existía un sistema organizado de distribución y entrega de sustancias.
Durante la audiencia, las defensas de ambos imputados cuestionaron la legalidad del procedimiento que dio origen a la causa. Los abogados Jorge Montalván Rentería y Maximiliano Mavsovich sostuvieron que los policías revisaron la mochila de Sánchez Loria sin autorización judicial, por lo que solicitaron la exclusión de esa prueba. El planteo fue rechazado por el magistrado.
En su declaración, Avellaneda negó cualquier participación en la maniobra investigada. “Soy solamente un consumidor. No tengo nada que ver con la venta de estas sustancias”, afirmó ante el juez. Sánchez Loria, por su parte, decidió no responder preguntas sobre la acusación, aunque insistió en señalar que su coimputado no tenía relación con los hechos y remarcó en reiteradas oportunidades que la mochila fue abierta sin su consentimiento.
Finalmente, Taylor hizo lugar parcialmente al pedido de medidas cautelares formulado por el Ministerio Público Fiscal. Mientras Avellaneda permanecerá detenido por 15 días, Sánchez Loria continuará privado de su libertad durante cuatro meses, plazo en el que la fiscalía buscará profundizar una investigación que podría revelar nuevas derivaciones sobre el origen, la producción y la comercialización de drogas sintéticas en Tucumán.
