Redacción SLC
La Universidad Nacional de Tucumán atraviesa horas decisivas para su futuro institucional. Mientras la comunidad universitaria aguarda una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones sobre el proceso electoral, el Consejo Superior deberá reunirse este martes para definir los pasos a seguir respecto de la Asamblea Universitaria convocada para el 10 de junio, destinada a elegir rector y vicerrector.
La incertidumbre se mantiene desde el pasado 15 de mayo, cuando la Cámara Federal dictó una medida cautelar que suspendió la candidatura del rector Sergio Pagani para un nuevo mandato. La resolución judicial planteó dudas sobre la interpretación del Estatuto universitario en relación con los límites establecidos para las reelecciones, a partir de una presentación impulsada por el sector político encabezado por Miguel Cabrera y Virginia Abdala.
Como consecuencia de esa decisión, la Asamblea Universitaria que debía realizarse el 20 de mayo fue suspendida y el cronograma electoral quedó condicionado a una definición de la Justicia. Desde entonces, la situación institucional permanece en un compás de espera, a la expectativa de un pronunciamiento que permita despejar el escenario.
La complejidad del proceso se profundizó tras la finalización de los mandatos de Pagani y de la vicerrectora Mercedes Leal. Ambos decidieron no solicitar una prórroga en sus funciones, por lo que la conducción de la casa de estudios quedó en manos de la vicerrectora subrogante y decana de la Facultad de Derecho, Cristina Grunauer de Falú.
En los distintos sectores de la Universidad se analizan diversos escenarios posibles. Una de las alternativas es que la Cámara habilite nuevamente la candidatura de Pagani y permita retomar el proceso electoral bajo las condiciones inicialmente previstas. Otra posibilidad es que se confirme su exclusión de la contienda, aunque se autorice al oficialismo universitario a presentar una nueva fórmula para competir por el Rectorado.
También se contempla un escenario favorable a la oposición que integran Cabrera y Abdala, mientras que otra de las hipótesis es que no exista una resolución judicial antes de la fecha prevista para la Asamblea. Esta última opción aparece como una de las más complejas desde el punto de vista institucional.
Si no hay una definición de fondo antes de este martes, el Consejo Superior deberá evaluar si mantiene la convocatoria para el 10 de junio o si decide postergarla nuevamente. La decisión buscará evitar posibles conflictos entre el calendario electoral universitario y una resolución judicial que podría modificar de manera sustancial las condiciones del proceso.
