Redacción SLC
El conflicto por el financiamiento universitario podría ingresar en una etapa de resolución en las próximas horas. El Gobierno nacional y las autoridades de las universidades públicas avanzan en un acuerdo que contempla una recomposición salarial para docentes, mayores partidas presupuestarias y nuevos mecanismos de actualización para el sistema universitario.
Tras varias semanas de negociaciones, las partes lograron acercar posiciones y trabajan sobre los detalles finales de un documento que podría ser rubricado entre este miércoles y el jueves. De concretarse, se trataría del primer entendimiento integral alcanzado desde el inicio de la disputa por el financiamiento de las casas de altos estudios.
La propuesta prevé una mejora salarial acumulada cercana al 24% para el sector docente universitario. El esquema contempla un incremento del 21,33% correspondiente a junio, al que se sumaría otro 3% en octubre, además de la reapertura de las negociaciones paritarias cada tres meses para revisar la evolución de los ingresos frente a la inflación.
El acuerdo también incluye un refuerzo para el funcionamiento del sistema universitario. Entre los puntos más relevantes figura la asignación de $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios, que se sumarían a los $80.000 millones ya contemplados para esos centros de salud.
A su vez, la iniciativa contempla un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales y una mejora del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Este último programa mantiene congelados sus montos desde 2024, por lo que la actualización representa uno de los reclamos sostenidos por el sector académico.
Según trascendió, el Ministerio de Economía habría autorizado una partida cercana a los $800.000 millones para afrontar los compromisos derivados de la negociación. La decisión apunta a descomprimir un conflicto que se extendió durante meses y que generó preocupación en toda la comunidad universitaria.
Las conversaciones se desarrollan en paralelo a la disputa judicial impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclama el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso. Durante las negociaciones surgieron diferencias cuando el Ejecutivo planteó la posibilidad de que las universidades desistieran de la demanda, una alternativa que fue rechazada por los rectores.
“No estamos dispuestos a renunciar a la ley”, señalaron desde el ámbito universitario al ratificar la continuidad del reclamo judicial. Pese a esas diferencias, ambas partes coincidieron en mantener el diálogo abierto para alcanzar una solución que permita garantizar el funcionamiento del sistema universitario público.
Mientras tanto, estudiantes, docentes y organizaciones universitarias continúan impulsando distintas acciones para visibilizar la situación. En los últimos días se realizaron clases públicas y actividades de protesta para reclamar una respuesta favorable a los planteos del sector, en un contexto donde el acuerdo aparece cada vez más cerca de concretarse.
