Ya son más de 20 los denunciantes y estiman un perjuicio superior a $200 millones en la causa contra una concesionaria de Yerba Buena

La investigación por presuntas estafas vinculadas a la compra y venta de vehículos en Yerba Buena continúa sumando capítulos. Mientras avanza la causa judicial contra los responsables de la concesionaria DG Cars, ya son más de 20 las personas que se presentaron formalmente como víctimas y el perjuicio económico estimado supera los $200 millones.

Según detallaron en Los Primeros, la causa tiene como principales imputados a Matías José Díaz Vier, su pareja Anabel García y Javier Goitea. Según la acusación impulsada por el fiscal Fernando Blanno, los tres habrían desarrollado un esquema fraudulento bajo la apariencia de operaciones comerciales legítimas relacionadas con la venta y consignación de automóviles.

De acuerdo con la investigación, los acusados recibían vehículos en consignación o como parte de pago, percibían importantes sumas de dinero y posteriormente incumplían los compromisos asumidos. La Fiscalía sostiene que las maniobras incluían adelantos para generar confianza, supuestos créditos prendarios que nunca se concretaban, comprobantes apócrifos y transferencias de vehículos sin autorización de sus propietarios.

La situación judicial de los imputados se mantuvo sin cambios luego de que la Justicia rechazara un pedido de la defensa para morigerar las medidas de coerción. Actualmente, Díaz Vier y Goitea permanecen con prisión preventiva, mientras que García cumple arresto domiciliario debido a que tiene hijos menores a cargo.

Durante la audiencia, la defensa argumentó que no existían pruebas suficientes para sostener la misma responsabilidad en todos los hechos investigados. Sin embargo, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás y los representantes de las querellas señalaron que aún restan numerosas medidas probatorias y advirtieron sobre la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, postura que fue respaldada por el juez Facundo Maggio al rechazar el planteo.

Con el avance de la causa también creció el número de denunciantes. Juan Guerrero, representante de una de las querellas, afirmó que desde que el caso tomó notoriedad pública se incorporaron al menos 12 nuevas denuncias y aseguró que el perjuicio económico ya supera los $200 millones.

En la misma línea, el abogado Fabrizio Caruso explicó que inicialmente se formalizaron 12 hechos de estafa y que posteriormente se sumaron otros 10 denunciantes. Según indicó, algunas víctimas reclaman la devolución del dinero entregado, mientras que otras buscan recuperar los vehículos involucrados en las operaciones cuestionadas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la investigación surgió a partir del testimonio de un ex empleado de la firma. Según expuso la Fiscalía, el testigo aseguró haber presenciado la quema de documentación y el enterramiento de bolsas con dinero, una versión que motivó un procedimiento de excavación en la vivienda donde residían dos de los imputados.

No obstante, las tareas realizadas por los investigadores no arrojaron resultados positivos. Desde la defensa rechazaron de manera categórica esa hipótesis y sostuvieron que se trata de afirmaciones sin respaldo probatorio, al tiempo que anticiparon que buscarán abrir instancias de diálogo para intentar encontrar soluciones con los damnificados mientras la causa continúa avanzando en los tribunales.