Redacción SLC
Tucumán volverá a ser escenario de un juicio por delitos de lesa humanidad vinculados a la apropiación de menores durante la última dictadura militar. Se trata del segundo proceso de estas características que se desarrolla en la provincia y buscará esclarecer hechos ocurridos a fines de 1976, cuando una familia fue secuestrada en el marco del aparato represivo desplegado por el Estado.
La causa reconstruye el secuestro de dos hermanos, de ocho años y seis meses de edad, junto a sus padres. De acuerdo con la investigación, los adultos fueron posteriormente asesinados en el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, uno de los principales engranajes del terrorismo de Estado en Tucumán.
Tras años de investigación, el expediente llegó a la instancia de juicio oral con un único imputado. Se trata de un ex capitán del Ejército que se desempeñó al frente del área de inteligencia del Destacamento 142, estructura con asiento en Tucumán que tuvo un rol central dentro del esquema represivo desplegado durante el Operativo Independencia y los años posteriores de la dictadura.
El proceso adquiere especial relevancia porque aborda una de las prácticas más graves cometidas durante el terrorismo de Estado: la apropiación de niños y la supresión de identidad. Organismos de derechos humanos sostienen desde hace décadas que estos delitos formaron parte de una metodología sistemática aplicada en distintas regiones del país para separar a los menores de sus familias biológicas e impedir la reconstrucción de sus historias.
Uno de los casos centrales que serán analizados durante el debate es el de Marcos Eduardo Ramos, quien fue apropiado cuando era un bebé tras el secuestro de su familia. Con el paso de los años logró reconstruir parte de su identidad y conocer que era hijo del pastor Dante Campos, una revelación que permitió avanzar en la búsqueda de verdad sobre lo ocurrido durante aquellos años.
A lo largo del juicio se intentará determinar cómo se produjo el secuestro, quiénes participaron en la apropiación y cuáles fueron las consecuencias personales, familiares y sociales derivadas de haber crecido bajo una identidad impuesta. El proceso también buscará establecer las responsabilidades individuales dentro de la estructura represiva que operó en la provincia.
Desde los organismos de derechos humanos destacaron la importancia de que estas causas continúen avanzando pese al paso del tiempo. En ese sentido, remarcaron la necesidad de sostener los procesos judiciales frente a lo que denominan “impunidad biológica”, en referencia al riesgo de que muchos responsables fallezcan antes de recibir una condena.
El nuevo juicio se inscribe en la continuidad de los procesos por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en Tucumán y en todo el país, con el objetivo de esclarecer hechos ocurridos durante la dictadura, garantizar la responsabilidad penal de los involucrados y contribuir a la construcción de memoria, verdad y justicia.
