Redacción SLC
La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, al rechazar un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. La decisión mantiene vigente, por el momento, la actualización salarial para el personal universitario y la recomposición de los fondos destinados a becas y programas de asistencia estudiantil.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25. Mediante esa norma, el Gobierno había intentado suspender la aplicación de determinados artículos de la ley sancionada por el Congreso, una decisión que fue cuestionada por las universidades nacionales ante la Justicia.
La resolución de la Corte no se pronuncia sobre la constitucionalidad del decreto ni sobre el fondo del conflicto. En cambio, el tribunal resolvió una cuestión estrictamente procesal al considerar inadmisible el recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano.
Los magistrados sostuvieron que la apelación del Gobierno no estaba dirigida contra una sentencia definitiva, condición indispensable para habilitar la intervención de la Corte por la vía extraordinaria. En consecuencia, rechazaron el planteo y dejaron firme la medida cautelar que ya había sido dictada por las instancias inferiores.
Como resultado de esa decisión, los artículos cuestionados de la Ley de Financiamiento Universitario deberán seguir aplicándose mientras continúe la tramitación de la causa. Esto implica que el Estado nacional deberá cumplir con las disposiciones vinculadas a la actualización de los salarios del personal universitario y a la recomposición de las partidas destinadas a becas y programas estudiantiles.
La controversia de fondo, sin embargo, permanece abierta. La Justicia aún deberá resolver si el Poder Ejecutivo tenía facultades para suspender mediante un decreto la aplicación de normas aprobadas por el Congreso Nacional, un punto central del litigio iniciado por el sistema universitario.
Hasta que exista una sentencia definitiva sobre esa cuestión, la cautelar continuará vigente y el Gobierno deberá ajustarse a lo establecido por la ley. De esta manera, la decisión del máximo tribunal representa un respaldo transitorio a los reclamos de las universidades nacionales mientras avanza el proceso judicial.
