Redacción SLC
La organización de defensa del consumidor FODECUS informó que se registró un importante avance en el amparo colectivo impulsado para eliminar de la factura de EDET los impuestos y tasas que no están directamente relacionados con el consumo de energía eléctrica.
El referente de la entidad, José García, explicó que el objetivo de la acción judicial es que la boleta de luz refleje exclusivamente los conceptos correspondientes al servicio eléctrico y deje de utilizarse como mecanismo de cobro de tributos municipales y comunales.
"Lo que estábamos reclamando judicialmente es que limpien la factura de EDET de toda carga impositiva que no tiene nada que ver con el consumo", afirmó.
Según indicó García, la empresa distribuidora ya comenzó a notificar a intendentes y comisionados comunales para que implementen un mecanismo alternativo para cobrar la tasa de alumbrado público, ya que dejará de actuar como agente de percepción de esos conceptos.
El dirigente aclaró que la medida no implica la eliminación de esos tributos, sino un cambio en la forma de cobrarlos.
"La factura de electricidad será más baja, aunque los impuestos municipales deberán abonarse por otra vía. No nos pueden obligar a pagar en la boleta de luz tasas o impuestos que no tienen relación con el servicio", sostuvo.
Desde FODECUS consideran que la modificación permitirá brindar mayor claridad a los usuarios respecto de los conceptos que integran la factura eléctrica.
En ese sentido, García cuestionó que, en muchos casos, las comunas cobran el alumbrado público sin contar con mediciones reales del consumo, por lo que entiende que el nuevo esquema favorecerá una mayor transparencia.
Asimismo, señaló que el mismo criterio debería extenderse a otros cargos que actualmente aparecen incorporados en las boletas de distintos servicios públicos, de modo que los consumidores paguen únicamente por la prestación que efectivamente reciben.
Aunque todavía no existe un plazo oficial para la implementación del nuevo sistema, desde la entidad estiman que los municipios y comunas contarían con aproximadamente 30 días para definir una modalidad alternativa de cobro de la tasa de alumbrado público.
