Redacción SLC
La Cámara de Apelaciones de Washington falló este martes en contra de la Argentina en el juicio que mantiene con el fondo buitre Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur, y confirmó que el Estado deberá afrontar un pago superior a los US$390 millones, más los intereses correspondientes.
La demanda se originó a raíz de la expropiación de la aerolínea de bandera, dispuesta en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Años más tarde, en 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó a la Argentina a indemnizar a los antiguos accionistas con aproximadamente US$321 millones, además de intereses y costas judiciales.
Tras un pedido de nulidad presentado por el Estado argentino, el laudo arbitral quedó firme en 2019. Posteriormente, Titan Consortium adquirió los derechos económicos derivados de esa sentencia como cesionario de Teinver y otras empresas vinculadas, e inició en 2021 el proceso para obtener el reconocimiento y la ejecución del laudo ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
En 2024, ese tribunal rechazó el planteo de prescripción formulado por la Argentina, que sostenía que el plazo para ejecutar el laudo era de tres años. La Justicia estadounidense consideró, en cambio, que correspondía aplicar un plazo de doce años y reconoció la validez del fallo del CIADI por un monto de US$390.907.115,55 al 10 de diciembre de 2024, cifra a la que deberán sumarse los intereses posteriores.
El Estado argentino apeló esa decisión insistiendo en que debía aplicarse el plazo de prescripción de tres años. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó ahora la resolución de primera instancia y ratificó que el plazo vigente es de doce años, dejando firme la obligación de afrontar el pago por más de US$390 millones.
Tras conocerse la decisión judicial, desde la Procuración del Tesoro informaron que se encuentran evaluando "todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia".
El organismo también sostuvo que el litigio forma parte de las consecuencias derivadas de decisiones adoptadas en administraciones anteriores y señaló que la causa representa "la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos".
