Redacción SLC
El Superior Gobierno de Tucumán presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue una presunta maniobra de venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal, luego de detectar publicaciones en redes sociales donde se ofrecían lotes ubicados en una zona de dominio público provincial. La presentación también solicita medidas urgentes para proteger los inmuebles e identificar a los responsables.
Según informó La Gaceta, la investigación comenzó tras la detección de avisos publicados en Facebook por un perfil identificado como "Viví el Cadillal MIS Dulces Tentaciones", donde se promocionaban terrenos ubicados en el sector conocido como Ampliación Villa del Parque. A partir de esa información, la Fiscalía de Estado inició averiguaciones que derivaron en una denuncia formal presentada por el abogado Santiago Luis Xamena, en representación del Superior Gobierno de la Provincia.
La denuncia fue radicada contra autores desconocidos por los presuntos delitos de usurpación y tentativa de estelionato, con el objetivo de determinar quiénes estarían detrás de la comercialización irregular de tierras pertenecientes al Estado provincial.
Según consta en la presentación judicial, los sospechosos ofrecían los terrenos como si fueran propietarios legítimos y con facultades para venderlos, pese a tratarse de bienes integrantes del dominio público provincial, cuya enajenación está legalmente prohibida.
Desde la Fiscalía de Estado remarcaron que el área involucrada posee un alto valor ambiental, paisajístico y arqueológico y que se encuentra protegida por la Ley Provincial N.º 8.304 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que la clasifica como una zona de muy alto valor de conservación donde no pueden desarrollarse emprendimientos inmobiliarios.
En el escrito judicial, Xamena advirtió que las intervenciones clandestinas provocan un importante daño ambiental al generar desmontes y modificaciones del suelo con fines económicos. Además, sostuvo que estas acciones afectan un espacio destinado al uso público y al desarrollo turístico de toda la comunidad.
Como parte de la investigación, la Provincia solicitó que la causa sea remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, y pidió la realización de diversas medidas de prueba.
Entre ellas figuran una inspección ocular por parte de la Dirección General de Catastro y de la División Ingenieros de la Policía para relevar los terrenos, confeccionar una planimetría georreferenciada e identificar posibles ocupantes. También se requirió la intervención de las empresas de telefonía para determinar la identidad de los titulares de los números utilizados en los avisos y la participación de la Unidad de Investigación de Delitos Telemáticos para preservar las publicaciones realizadas en Facebook e identificar a sus responsables.
Asimismo, el Gobierno solicitó que, en caso de comprobarse ocupaciones ilegales, se ordene la restitución provisoria de los inmuebles al Estado provincial mientras avanza la investigación.
Durante las primeras averiguaciones, uno de los presuntos vendedores informó que ofrecía terrenos de 600, 820 y 1.200 metros cuadrados, valuados entre 15 y 40 millones de pesos. También reconoció que entregaba únicamente boletos de compraventa con cesión de posesión, debido a que los lotes no contaban con escritura.
Según la investigación preliminar, la maniobra habría comenzado alrededor de 2010, cuando los responsables empezaron a comercializar parcelas asegurando poseer supuestos derechos hereditarios sobre esos inmuebles, documentación cuya validez ahora será objeto de análisis judicial.
Finalmente, la Provincia solicitó que el expediente sea tramitado como Asunto de Feria, con habilitación de días y horas inhábiles, al considerar que las publicaciones de venta continúan activas y que cualquier demora podría facilitar nuevas operaciones ilegales, generar mayores perjuicios al patrimonio público y comprometer el éxito de las medidas investigativas.
