Redacción SLC
La explosión y el posterior incendio registrados el lunes en un edificio de Monteagudo 120, en pleno centro de San Miguel de Tucumán, abrieron una serie de interrogantes que ahora forman parte de la investigación. Además de determinar qué originó el estallido, las autoridades buscan establecer si el inmueble contaba con toda la documentación exigida por la normativa municipal, entre ella el Certificado Final de Obra, indispensable para acreditar que una construcción fue ejecutada conforme al proyecto aprobado y reúne las condiciones necesarias para ser habitada.
El siniestro dejó como saldo la muerte de Jonathan Stisman, un médico de 43 años que sufrió quemaduras gravísimas, además de importantes daños materiales en varias viviendas y la evacuación preventiva de más de 60 residentes. Mientras la Justicia avanza con las pericias para establecer si la explosión fue provocada por una fuga de gas u otra circunstancia, el municipio inició una revisión integral de las condiciones edilicias del edificio.
Desde la Municipalidad informaron que las primeras inspecciones arrojaron un dato alentador: la estructura del edificio no presenta daños que comprometan su estabilidad. Sin embargo, aclararon que esa evaluación no implica el cierre de la investigación administrativa.
Según informó La Gaceta, el director de Defensa Civil de San Miguel de Tucumán, Rubén Fernández, explicó que durante las primeras horas el objetivo principal fue controlar el incendio, asistir a los vecinos y garantizar la seguridad del lugar.
En ese sentido, destacó que el edificio contaba con elementos básicos para combatir incendios. "Observé que contaba con las medidas de seguridad y eso permitió una primera intervención hasta que trabajó Bomberos", afirmó. Entre esos dispositivos mencionó los nichos hidrantes, las mangueras y otros sistemas destinados a responder ante una emergencia.
Paralelamente, personal de la Dirección de Catastro municipal inició un expediente para determinar si el inmueble disponía del correspondiente Certificado Final de Obra.
Ese documento certifica que la construcción fue finalizada respetando los planos aprobados y las condiciones técnicas establecidas por la legislación vigente. Su existencia resulta fundamental para la habilitación definitiva del edificio y constituye uno de los aspectos centrales que ahora revisan las autoridades.
El caso volvió a poner en discusión una problemática que años atrás había generado preocupación en la capital tucumana. Un relevamiento realizado en 2018 detectó que al menos 31 edificios estaban habitados sin contar con la habilitación correspondiente, sobre un universo superior a las 600 construcciones relevadas.
En aquel momento, concejales advirtieron situaciones de riesgo, como edificios ocupados con garrafas en los pasillos y conexiones provisorias de agua y electricidad mediante medidores de obra.
Desde la Cámara Tucumana de la Construcción sostienen que ese panorama cambió con el paso de los años. Su presidente, Jorge Garber, aseguró que actualmente no existen denuncias sobre edificios funcionando en condiciones irregulares y explicó que, al inicio de la actual gestión municipal, la institución colaboró con un proceso de regularización. "Notificamos a los socios de nuestra cámara, pero no encontramos casos de edificios que no estuvieran en regla", señaló.
Mientras tanto, las investigaciones continúan tanto en el plano judicial como administrativo para esclarecer las causas de la explosión y determinar si el edificio cumplía con todas las condiciones exigidas por la normativa vigente.
