Redacción SLC
El Gobierno nacional afronta este lunes el primer conflicto docente desde la entrada en vigencia de la reforma laboral que incorporó a la enseñanza básica como servicio esencial. La jornada estará marcada por el paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, mientras la Casa Rosada anticipó que controlará el cumplimiento de la normativa y evaluará posibles sanciones.
Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, sostuvieron que, de concretarse la medida de fuerza sin garantizar la cobertura mínima prevista por la ley, podría configurarse un incumplimiento de la legislación vigente.
La advertencia se basa en el artículo 24 de la Ley N.º 27.802, que establece que, en los conflictos colectivos que afecten servicios esenciales o de importancia trascendental, debe asegurarse una prestación mínima del 75%. Entre las actividades alcanzadas por esa disposición se encuentra la educación en los niveles inicial, preescolar, primario, secundario y especial.
Con ese marco legal, el Gobierno preparó un operativo para monitorear el funcionamiento de las escuelas estatales durante toda la jornada y verificar si se respeta el porcentaje mínimo de prestación exigido por la normativa.
Fuentes oficiales señalaron que, en caso de detectar incumplimientos, se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes. "Se arrancará un proceso sancionador si no cumplen con lo establecido. No sería la primera vez que se sancione a un gremio por violar una conciliación obligatoria", indicaron desde el Ejecutivo.
Según explicaron, el procedimiento contempla inicialmente la aplicación de multas, aunque remarcaron que el objetivo principal es garantizar el normal dictado de clases. "Ojalá no ocurra, porque lo que se quiere lograr es que haya clases. Pero si no cumplen con el 75% de capacidad, se dictará la sanción y se comunicará oportunamente", agregaron.
Ante el inicio del conflicto, Pettovello convocó de urgencia al Consejo Federal de Educación, integrado por los ministros del área de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el encuentro virtual, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ratificó que el Gobierno nacional exigirá el cumplimiento de la reforma laboral.
Tras la reunión, la ministra informó que se coordinaron acciones con las jurisdicciones para garantizar la continuidad de las clases y organizar las tareas de inspección durante el paro. El paro fue convocado por CTERA luego de que el Gobierno nacional rechazara el pedido de reabrir la Paritaria Nacional Docente.
El sindicato sostiene que el salario mínimo docente permanece en 500.000 pesos, reclama una actualización salarial y exige la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por la administración nacional en 2024.
Desde el Ministerio de Capital Humano reiteraron que la Nación no es empleadora directa de los docentes de las escuelas provinciales y, por lo tanto, no participa de la negociación salarial. "La definición de los salarios corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verdaderos empleadores de los docentes", sostuvieron desde la cartera.
En ese sentido, el Gobierno acusó a CTERA de impulsar una medida de fuerza que, a su criterio, afecta el derecho a la educación de los estudiantes y recordó que el nuevo marco legal habilita la aplicación de sanciones a las organizaciones sindicales que incumplan las obligaciones previstas para los servicios esenciales.
Aunque desde la Casa Rosada reconocen que un eventual proceso sancionatorio puede extenderse durante varios meses, remarcan que la legislación vigente incluso contempla, en casos extremos, consecuencias sobre la personería gremial, aunque admiten que se trata de una instancia excepcional y de difícil aplicación.
