Redacción SLC
En un nuevo intento por evitar una derrota legislativa, el Gobierno nacional presentó un dictamen con modificaciones al proyecto de ley de tierras que comenzará a debatirse este jueves en el Senado. El principal cambio establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras podrán adquirir hasta el 25% de la superficie productiva de cada jurisdicción, un límite incorporado tras las negociaciones con bloques dialoguistas.
La versión original de la iniciativa eliminaba por completo las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Sin embargo, ante la resistencia de distintos sectores políticos, el oficialismo decidió reemplazar ese esquema por un nuevo tope, superior al 15% previsto en la legislación vigente.
La senadora Patricia Bullrich fue la encargada de presentar las modificaciones durante una conferencia de prensa, acompañada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, y de Legislación General, Nadia Márquez.
El oficialismo confía en que los cambios permitirán reunir entre 38 y 40 votos para aprobar el proyecto. Durante las últimas semanas, el rechazo de distintos sectores sociales a una eventual extranjerización de tierras provocó que varios legisladores dialoguistas retiraran su respaldo, obligando al Poder Ejecutivo a revisar el texto.
Entre quienes manifestaron objeciones se encuentran los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del bloque Encuentro Misionero, quienes recibieron cuestionamientos de organizaciones de su provincia. También expresaron reparos algunos integrantes de la Unión Cívica Radical, al considerar que la propuesta podía afectar la soberanía y la integridad territorial del país. A ellos se sumaron, según trascendió, Edith Terenzi y Andrea Cristina, quienes también plantearon diferencias con el proyecto.
La iniciativa volvió a exponer las diferencias entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Villarruel reiteró públicamente su rechazo a la propuesta, profundizando la distancia que mantiene con el Ejecutivo respecto de algunas de las principales reformas impulsadas por el oficialismo.
En paralelo, partidos políticos y organizaciones sociales convocaron a una manifestación frente al Congreso para este jueves, en coincidencia con el tratamiento del proyecto. Será la tercera vez que el Gobierno intente llevar la iniciativa al recinto, luego de que su debate fuera postergado en reiteradas oportunidades por falta de consensos.
Además del nuevo límite para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, el proyecto incluye modificaciones destinadas a agilizar los desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, endurecer los requisitos para las expropiaciones de bienes privados e introducir cambios en distintos artículos de la Ley de Manejo del Fuego para habilitar el uso de inmuebles afectados por incendios u otras catástrofes.
