Redacción SLC
La discusión en el Senado por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ingresó en una etapa decisiva luego de que varios gobernadores manifestaran su rechazo al capítulo referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, una resistencia que obligó al oficialismo a modificar su estrategia para intentar reunir los votos necesarios.
Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien descartó la posibilidad de facilitar una mayoría para el Gobierno nacional y aseguró que las representantes tucumanas en la Cámara alta mantendrán su rechazo a la iniciativa.
"Había conversado con las dos senadoras nacionales, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y ha visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición", afirmó el mandatario.
La postura de Tucumán se sumó a la expresada por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien ratificó el rechazo de su provincia a cualquier iniciativa que promueva la extranjerización de la tierra.
"No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional", sostuvo Figueroa.
El posicionamiento de ambos gobernadores incrementó la incertidumbre sobre el resultado de la votación y abrió la posibilidad de que otros legisladores de provincias como Salta también endurecieran su postura frente al proyecto.
Ante la dificultad para garantizar los 37 votos necesarios para sesionar, el oficialismo resolvió retirar del proyecto el capítulo vinculado a la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La decisión fue adoptada tras una reunión encabezada por la senadora Patricia Bullrich junto a sectores aliados, con el objetivo de destrabar el tratamiento de la iniciativa.
El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había perdido respaldo luego de las críticas formuladas por distintos gobernadores.
El apartado que generó la controversia establecía originalmente restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros, aunque contemplaba excepciones para personas jurídicas y agrupaciones con participación estatal extranjera, siempre que contaran con autorización tanto de la provincia donde se ubicara el inmueble como del Poder Ejecutivo nacional.
Ese esquema de autorizaciones fue uno de los puntos más cuestionados por gobernadores y legisladores, quienes advirtieron que, en la práctica, podía facilitar el ingreso de capitales extranjeros sobre tierras rurales argentinas y afectar el resguardo del territorio nacional.
