Redacción SLC
El gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, cuestionaron el paro nacional de colectivos anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para este viernes y defendieron el esfuerzo económico que realizan la Provincia y los municipios para sostener el sistema de transporte público.
Jaldo reconoció que la medida de fuerza constituye un derecho constitucional, pero sostuvo que quienes deciden llevarla adelante también deben asumir las consecuencias que genera la interrupción del servicio. En ese sentido, remarcó el impacto que tendría sobre los usuarios y los propios trabajadores del sector.
“En Tucumán para nada estamos de acuerdo con un paro, porque estamos haciendo, tanto desde el municipio de la capital como muchos municipios del interior, aportes y colaborando en líneas locales”, afirmó el mandatario.
El gobernador destacó que la Provincia y los municipios realizan un importante esfuerzo para garantizar el funcionamiento del transporte y señaló que más de 3.500 trabajadores dependen actualmente de los aportes y compensaciones que reciben las empresas.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo económico para sostener el transporte en la provincia de Tucumán. Hoy, los más de 3500 empleados del transporte público de pasajeros de UTA cobran los sueldos gracias a las compensaciones y a los aportes que hace el municipio de San Miguel de Tucumán y el Gobierno de la Provincia”, sostuvo.
Jaldo también puso el foco en los usuarios y aseguró que alrededor de 600.000 personas utilizan diariamente el servicio de colectivos en la provincia. Por ese motivo, reclamó que los distintos sectores involucrados tengan en cuenta el impacto de cualquier medida de fuerza.
“Pedimos reciprocidad y que, si se toman medidas extremas, que se hagan cargo los responsables, porque nosotros vamos a acompañar en la medida que se cumpla el servicio”, afirmó.
En esa línea, advirtió que una eventual interrupción del transporte podría modificar la posición del Estado provincial y municipal: “Si el servicio no se cumple, también están liberando al municipio y a la provincia de tomar decisiones dentro de las leyes y dentro de la Constitución provincial”.
La intendenta capitalina también cuestionó la posibilidad de que se interrumpa el servicio y destacó que el municipio viene cumpliendo con los aportes acordados con las empresas de transporte. “Todavía no ha llegado ninguna comunicación oficial al municipio; estamos aportando en tiempo y forma todos los meses lo que acordamos con las empresas”, explicó Chahla.
La jefa municipal remarcó además que el transporte público resulta indispensable para miles de personas que necesitan trasladarse diariamente hacia sus lugares de trabajo y estudio. “Creemos que deben cumplir, porque es esencial para la gente que va a la escuela y al trabajo; necesitamos el transporte”, sostuvo.
Chahla también cuestionó la utilización del paro como mecanismo para resolver el conflicto y reclamó que las partes retomen las conversaciones. “Si no hay diálogo, si de repente hacemos un paro, no es la manera de consensuar o de llegar a un acuerdo. Los acuerdos se hacen entablando relaciones, conversaciones y no amedrentando con paro”, concluyó.
La medida anunciada por la UTA quedó así en el centro de la discusión entre el gremio, las empresas y los gobiernos provincial y municipales, mientras crece la preocupación por el impacto que tendría una jornada sin colectivos sobre los trabajadores, estudiantes y usuarios del transporte público en Tucumán.
