Redacción SLC
Los gremios docentes que integran la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocaron a un nuevo paro de 48 horas para este jueves y viernes, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida alcanzará a universidades de distintos puntos del país y volverá a poner en el centro de la escena el conflicto entre las casas de altos estudios y el Gobierno nacional.
La protesta tiene como principal objetivo exigir la implementación de la norma que establece mecanismos de financiamiento para las universidades públicas y contempla mejoras salariales para los trabajadores del sector. El reclamo se produce luego de una serie de medidas de fuerza que ya habían afectado el normal desarrollo de las actividades académicas.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido ratificada por el Congreso de la Nación después de que el Poder Ejecutivo decidiera vetarla. A comienzos de agosto, además, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con las disposiciones de la normativa.
Pese a ese fallo, las universidades sostienen que la implementación de la ley continúa demorada. Según plantean las autoridades educativas, la falta de transferencias presupuestarias impacta sobre los gastos de funcionamiento de las facultades, los salarios docentes y las becas destinadas a los estudiantes.
El aspecto salarial se mantiene como uno de los principales puntos de conflicto. Desde las universidades aseguran que los incrementos otorgados durante los últimos meses quedaron por debajo de la inflación y cuestionan que hayan sido establecidos de manera unilateral, sin una instancia de negociación paritaria.
De acuerdo con los cálculos realizados por las casas de estudio, los docentes universitarios acumulan desde diciembre de 2023 una pérdida del poder adquisitivo cercana a un tercio de su capacidad de compra. Con el nuevo paro de 48 horas, los gremios buscarán volver a presionar al Gobierno para que avance con el financiamiento previsto por ley y abra una instancia de negociación salarial.
