Redacción SLC
El juez federal Ariel Lijo requirió al Gobierno nacional información sobre el destino de los fondos asignados a obras viales y mantenimiento de rutas nacionales, en el marco de una causa que investiga una presunta utilización irregular de recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
Las medidas fueron dirigidas al Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli. Además, el magistrado solicitó información a la Dirección Nacional de Vialidad para avanzar en la reconstrucción del destino de los recursos.
La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Ambos cuestionaron el destino de más de $1 billón que, según la denuncia riojana, al 31 de mayo de 2026 se encontraban colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional.
De acuerdo con la presentación judicial, durante los primeros dos años y medio de la gestión de Javier Milei se asignaron aproximadamente $1,5 billones al sistema, pero solo $394.406 millones habrían sido destinados efectivamente a obras y mantenimiento vial. La denuncia calcula así una subejecución del 73,8%.
El planteo sostiene que los recursos, provenientes del impuesto a los combustibles y con una afectación específica para el SISVIAL, deberían utilizarse exclusivamente para el mantenimiento, desarrollo y reparación de las rutas nacionales. Sin embargo, se denuncia que parte de esos fondos habría sido colocada en plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones.
En ese marco, Lijo también pidió a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación que informen si desde 2024 realizaron auditorías, observaciones o actuaciones vinculadas con el fideicomiso creado por el decreto 976/01 y la cuenta especial del SISVIAL.
Tolosa Paz y la provincia de La Rioja fueron aceptadas como querellantes en la causa, por lo que podrán impulsar la investigación y solicitar nuevas medidas de prueba. La provincia sostiene además que la falta de ejecución de los fondos obligó a afrontar con recursos propios tareas que corresponden al Estado nacional.
El expediente suma otro frente judicial relacionado con la infraestructura vial. En la provincia de Buenos Aires, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak habilitó el trámite de un amparo colectivo presentado para reclamar la reactivación de las obras y el mantenimiento de las rutas financiados mediante el fideicomiso creado por el decreto 976/01.
