Redacción SLC
El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, encabezaron una reunión interinstitucional en la que representantes de los tres poderes del Estado analizaron los pasos necesarios para implementar en la provincia el nuevo Régimen Penal Juvenil.
El encuentro estuvo centrado en la entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.801, prevista para el próximo 5 de septiembre. La reunión permitió abordar las responsabilidades que tendrá cada área involucrada y avanzar en la definición de criterios comunes para que la aplicación de la normativa se realice de manera coordinada.
Por el Poder Judicial participaron el vocal decano de la Corte, Antonio Estofán; los vocales Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro; además de jueces penales y defensores de Niñez y del fuero penal. Por el Ejecutivo estuvieron la ministra de Educación, Susana Montaldo, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, y funcionarios de distintas áreas.
La Legislatura, en tanto, estuvo representada por integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Legislación General, entre ellos Carolina Vargas Aignasse, Luis Ocaranza, Gerónimo Vargas Aignasse, Walter Berarducci, José Macome y Christian Rodríguez.
Acevedo calificó el encuentro como “muy positivo” y destacó la necesidad de sostener el trabajo conjunto respetando la independencia de cada poder. “En Tucumán venimos trabajando de manera coordinada y es necesario arbitrar las medidas para la implementación de esta ley. Tenemos una mirada que no se limita a penalizar, sino que también busca cuidar, recuperar y acompañar a nuestros adolescentes”, sostuvo.
El vicegobernador también remarcó que la Legislatura continuará trabajando sobre la base del diálogo y el consenso para avanzar hacia una normativa provincial que contemple las particularidades de Tucumán. “Quiero destacar la colaboración y el compromiso de los otros dos poderes para lograr una ley que pueda aplicarse de la mejor manera”, agregó.
Desde el Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez subrayó la importancia de que todas las instituciones involucradas participen de la planificación. “Esta reunión es fundamental porque todos los poderes son partícipes de la ejecución de la norma nacional. Es esencial que cada uno aporte su mirada desde el lugar que le corresponde. Se trata de una ley muy importante porque involucra a menores y exige ser muy cuidadosos”, afirmó.
La ministra de Educación puso el acento en las políticas preventivas y en el acompañamiento que se desarrolla desde las escuelas. “Es muy importante que los tres poderes del Estado podamos reunirnos porque se trata del bienestar de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad. Desde el inicio de la gestión venimos trabajando una línea de salud socioemocional con alumnos y familias”, expresó Montaldo.
La funcionaria explicó además que la Provincia viene desarrollando experiencias de mediación escolar en el nivel primario y que esa estrategia comenzó a extenderse a las escuelas secundarias. El objetivo es brindar a los estudiantes herramientas para abordar y resolver los conflictos de manera pacífica.
En paralelo, la Comisión de Legislación General de la Cámara ya analiza tres proyectos que cuentan con estado parlamentario y que buscan adecuar la legislación provincial al nuevo escenario. Su presidente, Gerónimo Vargas Aignasse, explicó que la intención es compatibilizar la aplicación de la ley nacional con los tratados internacionales sobre derechos de niños y adolescentes.
“Buscamos que Tucumán cuente con un régimen penal juvenil que permita aplicar la ley nacional y los tratados internacionales sobre derechos de niños y adolescentes, con una mirada orientada también a la recuperación y la reinserción”, señaló el legislador.
El desafío para la Legislatura será ahora alcanzar un texto que reúna el mayor respaldo posible antes de llegar al recinto. “Es un desafío enorme y una de las leyes más importantes en las que vamos a trabajar. Queremos llevar al recinto un texto con el mayor acuerdo posible, con la menor cantidad de fisuras y que realmente pueda aplicarse como corresponde”, concluyó Vargas Aignasse.
