Redacción SLC
El Senado de la Nación dio un paso clave para modificar el régimen de biocombustibles luego de que un proyecto impulsado por el oficialismo obtuviera dictamen con respaldo de distintos bloques y representantes provinciales. La iniciativa recoge parte de los reclamos de las cámaras azucareras y aceiteras y también incorpora modificaciones planteadas desde provincias como Tucumán, Jujuy y Salta.
El avance parlamentario se produce después del freno que sufrió el denominado Súper RIGI y le permite al oficialismo llevar al recinto una propuesta que apunta a modificar los porcentajes de corte y las condiciones de participación de las empresas en el mercado. La intención es que el proyecto sea tratado durante este mes y que, además, pueda articularse con el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que también se encuentra bajo análisis en la Cámara alta.
Uno de los principales cambios contempla llevar el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15%. De ese nuevo porcentaje, un 6% quedaría reservado para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado con maíz, mientras que el 3% restante quedaría sujeto a competencia entre ambos sectores.
La propuesta también establece límites a la concentración del mercado. Ninguna empresa podrá controlar más del 20% de la participación, una condición planteada con el objetivo de garantizar un esquema con mayor diversidad de actores y evitar una excesiva concentración de la actividad.
El capítulo referido al biodiésel fue el que generó mayores diferencias durante el debate parlamentario, principalmente por la tensión entre las grandes compañías integradas y las pequeñas y medianas industrias que producen el combustible.
Finalmente, el dictamen propone duplicar el corte del 5% al 10% y dividir el mercado en dos segmentos: uno correspondiente a empresas integradas, con capacidad para administrar distintas etapas de la cadena productiva, y otro destinado a compañías no integradas.
Para estas últimas se establece un cupo equivalente al 5% del mercado total, aunque la propuesta contempla además un esquema transitorio hasta 2036, con un 3% reservado para las empresas no integradas. A su vez, ninguna compañía podrá superar el 10% de participación.
Ese punto todavía genera resistencia entre algunos representantes de provincias que consideran insuficiente el espacio otorgado a las pymes industriales. De hecho, un sector del peronismo, encabezado por el senador puntano Fernando Salino, presentó un dictamen de minoría para incorporar una mirada regional y contemplar especialmente a las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel radicadas en San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos.
“Necesitamos una mirada que contemple las regiones y no que contemple empresas integradas o no integradas”, planteó Salino, aunque aclaró que cualquier incremento del corte tendrá su acompañamiento.
El texto que obtuvo dictamen también elimina para ambos biocombustibles el esquema de precio máximo y establece como referencia el valor exportable. Además, delimita las condiciones bajo las cuales podrían modificarse los porcentajes de corte y habilita a las provincias a disponer incrementos en esos niveles.
Durante la discusión, representantes provinciales reconocieron que el texto todavía genera posiciones encontradas. “Nadie terminó contento del todo con la redacción que quedó, así que debe ser una buena ley”, sostuvo una de las dirigentes que participó de las negociaciones.
La senadora salteña Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería, fue una de las representantes que impulsó modificaciones al texto y mantuvo conversaciones con el senador neuquino Pablo Cervi antes del plenario que terminó aprobando el dictamen. Royón también admitió que el proyecto podría sufrir nuevos cambios cuando llegue al recinto.
La discusión, de todos modos, quedó encaminada para avanzar en una próxima sesión. “El debate está agotado. Tiene que aprobarse la próxima sesión”, sostuvo una de las representantes provinciales que participó de las conversaciones.
Para Tucumán, el debate tiene especial relevancia por el peso de la producción de caña de azúcar y la industria sucroalcoholera en la economía provincial. El aumento del corte de bioetanol y la reserva específica para el producto derivado de la caña representan uno de los principales puntos de interés para las provincias productoras del Norte, que buscan consolidar un mayor espacio para sus cadenas agroindustriales.
El tratamiento en el recinto será ahora la próxima instancia decisiva. Allí volverán a ponerse sobre la mesa las diferencias entre grandes empresas y pymes, el reparto de los cupos y el nivel de participación que tendrán las distintas regiones en un mercado que busca ampliar el uso de biocombustibles y, al mismo tiempo, preservar el desarrollo de las industrias locales.
