Redacción SLC
El oficialismo presentó este martes una nueva propuesta a los bloques aliados para intentar superar la Emergencia en Discapacidad y dejar atrás la controversia política generada por los recortes que habían sido incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.
Según establece el artículo 1 del nuevo dictamen, el objetivo es “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”.
Uno de los principales cambios respecto del proyecto presupuestario es que la pensión no contributiva por discapacidad continuará vigente y seguirá actualizándose mensualmente de acuerdo con la inflación, tal como ocurre en la actualidad. Además, los beneficiarios mantendrán el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud.
La nueva propuesta también incorpora una modificación solicitada por la oposición: la pensión será compatible con un trabajo registrado, siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. A su vez, quienes contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado podrán acceder a beneficios impositivos.
Otro de los puntos centrales está relacionado con las prestaciones. Las organizaciones del sector habían cuestionado la posibilidad de eliminar el nomenclador universal y el arancel unificado, debido a que cada obra social, empresa de medicina prepaga o provincia podría haber fijado sus propios valores. El nuevo dictamen ratifica ambos mecanismos, tal como están contemplados en la normativa vigente.
En concreto, el artículo 4 mantiene la vigencia del artículo 7° bis de la Ley 24.901, incorporado por la Ley 27.793. Esa disposición establece que “los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.
El mismo artículo indica que los aranceles serán determinados por el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y actualizados según el mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/24, o la norma que lo reemplace en el futuro.
La propuesta también establece de manera expresa que subsiste el derecho al cobro de las compensaciones adeudadas a los prestadores. Esos pagos deberán realizarse dentro de los plazos fijados por el cronograma correspondiente.
El reclamo por las compensaciones se vincula con el artículo 13 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que contempla una reparación para los prestadores por la diferencia acumulada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, período en el que los aumentos de aranceles quedaron por debajo de la inflación.
En paralelo, el oficialismo busca reforzar los controles sobre las pensiones. Desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habían adelantado que la nueva propuesta elevaría los requisitos de acceso al beneficio. “Ya no bastará con tener el CUD —Certificado Único de Discapacidad— para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, señalaron.
En esa línea, el artículo 13 del dictamen establece que la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá implementar un sistema de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener la pensión no contributiva por invalidez laboral y la pensión por discapacidad.
El texto dispone que, en primer lugar, se deberán revisar los requisitos documentales y socioeconómicos que puedan ser constatados de manera objetiva mediante el cruce de información con bases de datos públicas.
Para garantizar el financiamiento del sistema, la propuesta incorpora además una cláusula presupuestaria. Allí se establece que las partidas destinadas al área “no podrán ser inferiores en términos reales a las del ejercicio inmediato anterior”.
Desde La Libertad Avanza remarcaron que la iniciativa mantiene los derechos contemplados en la ley vigente, pero evita prorrogar la Emergencia en Discapacidad. Según explicaron, los recursos pasarán a formar parte del Presupuesto nacional y, por lo tanto, quedarán sujetos a mecanismos de control y auditoría más directos.
La nueva propuesta deberá ser analizada por los bloques aliados en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2027. El oficialismo busca así conseguir los respaldos necesarios para avanzar con una redacción que contemple la continuidad de las prestaciones, el financiamiento del sistema y mayores controles sobre los beneficios.
