Redacción SLC
El juez federal Martín Cormick le dio cinco días al Gobierno nacional para que cumpla de manera efectiva con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El magistrado advirtió que, si persiste el incumplimiento, podrá aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas por cada día de demora.
La resolución fue dictada este martes a partir de un pedido realizado por las universidades y se conoció en medio del conflicto que mantienen las casas de altos estudios y los gremios con el Poder Ejecutivo. Cormick consideró que el Estado todavía no acreditó el cumplimiento total de la cautelar, que se encuentra firme.
“Verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, escribió el juez en su resolución.
La medida cautelar había sido dictada por el propio Cormick a fines de 2025 y posteriormente quedó firme luego de ser confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El 25 de junio, además, la Corte Suprema ratificó esa decisión, según los antecedentes consignados en la causa.
El reclamo judicial está relacionado con la aplicación de la Ley 27.795 y, específicamente, con las disposiciones que contemplan la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas y programas de asistencia estudiantil. La Justicia había ordenado que esas medidas fueran implementadas mientras continúa el proceso de fondo.
El Gobierno había intentado anteriormente que se levantara la cautelar. En junio, el Ministerio de Capital Humano informó ante Cormick que había alcanzado un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios, que contemplaba transferencias para salarios, una actualización de los gastos de funcionamiento y un incremento para los hospitales universitarios.
Sin embargo, desde el CIN señalaron entonces que ese acuerdo no implicaba abandonar su reclamo por el cumplimiento integral de la normativa. Según consignó Página/12, el organismo calificó aquellas medidas como una “gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo”.
El 21 de agosto, el Poder Ejecutivo volvió a solicitar que se levantara la cautelar y argumentó que las transferencias parciales realizadas a favor de las universidades habían modificado las condiciones que habían justificado la medida judicial. Cormick rechazó ese planteo a comienzos de septiembre y sostuvo que la cautelar continuaba vigente hasta que se dictara una sentencia definitiva.
En aquella resolución, el magistrado había señalado que, frente a la persistencia del conflicto, “mal puede considerarse superado el peligro en la demora”, por lo que no correspondía levantar la medida cautelar. El proceso de fondo busca determinar la situación jurídica de las disposiciones vinculadas con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el Decreto 759/2025.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, celebró la decisión judicial. “Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución”, afirmó.
Bartolacci también reclamó que el Gobierno cumpla con lo dispuesto dentro del plazo fijado por la Justicia. “Esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados”, sostuvo, y agregó: “Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde”.
La intimación judicial se produce, además, mientras las universidades nacionales atraviesan un nuevo conflicto salarial y presupuestario con el Gobierno. Los gremios vienen reclamando la actualización de los salarios y el cumplimiento de las disposiciones de la ley, mientras que el Ejecutivo sostiene su estrategia de administración de los recursos dentro de sus restricciones presupuestarias.
Con la nueva resolución, el Gobierno tiene ahora un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento efectivo de la cautelar. Si ese plazo vence sin que la orden judicial sea cumplida en los términos establecidos, Cormick dejó expresamente abierta la posibilidad de aplicar sanciones económicas diarias.
